En el 2019 el Estado dominicano otorgó 33,607 contratos a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) certificadas y personas físicas, cantidad que representa un crecimiento de 46.7% respecto al 2013.
La mayoría de los contratos fue otorgado a las microempresas, las cuales obtuvieron 11,418, lo que representa el 34% del total; luego le siguieron las pequeñas empresas, con 9,561 (28.4%); las personas físicas, con 6,772 (20.2%); y finalmente las medianas empresas, con 5,856 (17.4%).
La mayor parte de las mipymes que obtuvieron adjudicaciones durante ese período (2013-2019) se encontraban en el Distrito Nacional, donde se adjudicó un monto de RD$82,772.54 millones; Santo Domingo, con RD$18,571.26 millones; y Santiago, con RD$7,179.60 millones.
Sin embargo para las mipymes de Elías Piña, Independencia y Pedernales no se encuentran registros de montos adjudicados a lo largo de esos seis años, según consta en el boletín número 21 , titulado Mipymes en las Compras Públicas, publicado en julio pasado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
El estudio indica que aunque en ese tiempo no se les adjudicó ningún monto, nueve empresas certificadas de dicha categoría se registraron como proveedores del Estado (5 en Independencia, 3 en Pedernales y 1 en Elías Piña).
Las lideradas por mujeres
Respecto a las mipymes certificadas y personas físicas lideradas por mujeres la realidad es la misma. La mayoría de las adjudicaciones y contratos se otorgó a las que estaban establecidas en el Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago.
“Durante el período 2013 – marzo 2020, estas provincias concentraron el 97.6% del monto adjudicado a este segmento (RD$26,549.58 millones) y el 98.3% de los contratos (47,970)”, precisa el informe.
En este caso, por igual, no hubo registros de contratos ni monto adjudicado para este segmento en las provincias fronterizas. En este sentido además de Elías Piña, Independencia y Pedernales se incluyen Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Hato Mayor y Samaná.
Las compras gubernamentales es uno de los mecanismos del Estado para impulsar el desarrollo de las mipymes y de los lugares donde estas están ubicadas, mientras las empresas de la zona fronteriza sigan siendo excluidas esas provincias seguirán siendo marginadas.
