Economistas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) recomendaron rediseñar la política de gasto del Estado para mejorar su eficiencia y atender a su sostenibilidad, y abogaron por su descentralización para una mejor distribución, sobre todo a nivel provincial, especialmente en las zonas de menor desarrollo del territorio nacional.
En el evento, que contó con la moderación del decano del Área de Economía y Negocios, Armando Barrios, y que fue transmitido por el canal de YouTube de la universidad, el pasado ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, apuntó que el mayor de los problemas del gasto público del país es lo bajo que es. “Tomando una relación del gasto y del Producto Interno Bruto (PIB) entre un conjunto de países, República Dominicana presenta el más bajo nivel de gasto público”, señaló.
De su lado, Magdalena Lizardo, coordinadora del Observatorio Dominicano de Comercio Internacional (ODCI), precisó que cuando se formuló la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) la idea era mejorar la eficiencia del gasto fiscal y atender a su sostenibilidad.
“Desde el 2012 a la fecha, hemos optado por financiar y resolver problemas de desarrollo, como destinar el 4 % para Educación, pero ha sido sobre la base de mayor endeudamiento público”, precisó Lizardo, al tiempo de señalar que en el 2012 la deuda del sector público no financiero fue el 32% del PIB, en 2019, antes de iniciar la pandemia, ya era el 40% del PIB, es decir que se ha incrementado 1.2 puntos porcentuales del PIB cada año, y si se le suma la situación de la pandemia, esa deuda ha subido a 52% del PIB.
Lizardo señaló que el endeudamiento también genera el compromiso de pagos de interés, “de haber dedicado 13.8 % del gasto público a pagar intereses en 2012, ya en el 2020 estamos pagando casi 23 %”.
La economista recomendó abordar el tema de forma integral y observar las tarifas de los servicios públicos, la forma en que se proveen esos servicios (modelo de negocio), la eficiencia del gasto y, un último aspecto, el país necesita un esquema de fiscalización que le permita hacer frente a los choques sistemáticos recurrentes que se experimentan por situaciones externas (climáticas, o de índole de la economía global).
