Cuando comenzó la actual gestión administrativa del Estado, en agosto del 2020, dirigida por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), hubo expectativas de cambio con relación a erradicar prácticas irregulares asumidas en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Para octubre de ese año, a nivel congresual, afloró al debate público de si los nuevos miembros del Senado iban a eliminar el barrilito y cumplir así su promesa de campaña. Sin embargo, esta gestión agotará su periodo en agosto próximo, y se mantiene la deuda con la sociedad al no eliminar esa erogación millonaria mensual ajena al rol del legislador.
Se trata del Fondo de Asistencia Social, creado en el 2006 a fin de regular los recursos que recibían los legisladores de forma discrecional y sobre los que no rendía cuenta. Este fondo le cuesta al Estado RD$21,071,000.00, equivalente a RD$252,852,000.00 al año. Cuando comenzó la gestión, Eduardo Estrella (Santiago) y Antonio Taveras (Santo Domingo) se rehusaron a recibirlos. Más tarde, se sumó Faride Raful (Distrito Nacional) para ser los únicos tres en no tomaron el dinero.
En 2021 fue la última vez que el tema se debatió en la opinión pública. La propuesta de que fuera erradicado estuvo motivada por diferentes sectores y figuras, incluyendo al presidente Luis Abinader.
«No, yo estoy en contra del barrilito, en contra de todas esas acciones»Luis AbinaderPresidente RD, cuando se refirió al tema en 2021“
Aun así, cada mes, la Dirección Financiera del Senado deposita estos fondos en 29 cuentas corrientes del Banreservas (detalles en la infografía).
¿Cómo lo justifican?
Recientemente, la senadora Ginette Bournigal, representante del PRM por Puerto Plata, expresó que usa el barrilito para ayudas sociales a personas de su demarcación, como asuntos médicos, pagos de recetas, clases de computadoras y otros asuntos.
«Mientras el Estado no lo desinstitucionalice, yo no me voy a poner a hablar como algunos de que no lo van a tener, porque no lo tienen, pero se le pone un asesor a cada uno de doscientos mil pesos», expresó la legisladora al equipo de Política de DL.
252 MM de pesos al año es el costo para el Estado por concepto de barrilito en favor de los senadores.
Fracasa eliminación
En octubre del 2020, cuando informó que no tomaría el fondo, la senadora Faride Raful también anunció que sometería un proyecto para erradicar el barrilito.
De inmediato, encontró oposición entre sus compañeros. Iván Lorenzo, delegado del PLD por Elías Piñas, tildó la idea de «populista».
«Yo no creo en el populismo, yo tengo que ser serio con mi provincia que es una de las más pobres del país y soy de los que creen que esos fondos deben ser fiscalizados», precisó.
De su lado, el senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao, de la alianza PRSC y PRM, defendió la autonomía presupuestaria y financiera del Senado.
«Recibe los recursos asignados en doceavas partes y los distribuye de acuerdo a su propio presupuesto del cual debe rendir cuentas… al pleno senatorial», señaló.
En el 2021 la Fundación Derecho, Educación, Ciudadanía y Democracia (DEECIR) elevó una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el barrilito. Este la declaró inadmisible alegando que «no es una ley ni un decreto ni un reglamento, resolución u ordenanza, sino que se trata de un fondo público del que dispone el Senado». Es decir, que quienes pueden decidir al respecto son… los senadores.
