Por Daniel García Santana
República Dominicana ha sido solidaria con Haití en el transcurrir de la historia de ambas naciones, lo cual nos enaltece como país frente al mundo.
Sin embargo, esa bondad para Haití no puede llegar a lo límite de sacrificar a nuestros ciudadanos que pagan impuestos para adquirir derechos.
Desde hace mucho tiempo, el inicio del año escolar, como sucedió ahora, ha sido sacudido por denuncias de falta de cupos para los niños dominicanos, por la inscripción de niños haitianos.
La situación tiende a agravarse por la masiva migración de haitianos a República Dominicana, en su mayoría ilegales, que huyen del panorama desolador del sufrido pueblo haitiano, provocado, en principio por la ansía del poder político, y ahora por el azote de bandas, que se han adueñado de esa pobre nación.
Pese a los esfuerzos de las autoridades dominicanas, el ingreso y permanencia de nacionales haitianos ilegales en la patria de Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella no se han podido frenar.
Por más humanitario que seamos, no es posible que un niño dominicano se quede fuera de una escuela pública porque su lugar es ocupado por un nacional haitiano.
Por ejemplo, en la Escuela Paz y Bien, del sector El Capotillo, en pleno Distrito Nacional, el 70% de la matrícula de estudiantes es haitiana, en perjuicio de niños y niñas dominicanos de esa zona, según reveló una investigación del programa Desclasificados con Addis Burgos, de CDN, canal 37.
Estamos conscientes de que el presidente Luis Abinader es un abanderado de la educación, por su importancia para el desarrollo del país y el comportamiento de su gobierno con esa área, y buscará una salida para que ningún niño en edad escolar se quede sin recibir el pan de la enseñanza, en coordinación con el ministro de Educación, Ángel Hernández.
Sin embargo, debemos aprovechar estas olas de reformas para buscar una solución institucional a la ocupación de los centros educativos públicos de niños haitianos en detrimento de los dominicanos, sin violar el derecho universal a la educación y por el bien común.
