La directora de Persecución de la Procuraduría General, Yeni Berenice Reynoso, reconoció ayer que a partir de implementación del Código Procesal Penal en el 2004 en la justicia han habido avances significativos. Sin embargo, consideró necesario articular una política “que coordine eficazmente a todos los diferentes actores del sistema”.
Reconoció que el Ministerio Público en su función específica de persecución “no siempre tiene la razón pero se esfuerza por actuar siempre con la mayor objetividad posible”.
En ese sentido, abogó porque todos los operadores del sistema de justicia se sienten a repensar los trabajos y funciones de cada uno, en procura de enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades de mejora “para lograr un sistema de justicia fuerte, preparado, oportuno”, lo cual afirmó, es responsabilidad de todos incluida la sociedad dominicana.
Reynoso habló en esos términos en un seminario organizado para analizar las falencias del CPP en ocasión del vigésimo aniversario de su implementación, analizar los retos y plantear soluciones para optimizar la justicia.
En representación del presidente del Poder Judicial Henry Molina, habló la magistrada María Garabito Ramírez, quien afirmó que si bien el CPP “significó una transformación técnica y procesal” en el ámbito jurídico, su aplicación no ha estado exenta de retos.
“Hoy, a 20 años de su entrada en vigor nos encontramos en un punto de inflexión propicio para evaluar lo logrado, identificar los problemas que persisten, y diseñar soluciones prácticas y efectivas, a los fines de avanzar hacia un sistema de justicia penal más eficiente…”, dijo.
Resaltó los esfuerzos del PJ por hacer que la justicia penal sea más fuerte, y continúe siendo un pilar sólido de la democracia, por lo que consideró “esencial” la reflexión colectiva.
Sobre los paneles
Durante la actividad se desarrollaron varios paneles, sobre “La Tutela de la Libertad en el Proceso Penal; Desde el arresto hasta la ejecución penal”; “La Negociación de Acuerdos y otras soluciones Alternas en Puerto Rico; Soluciones Alternas al Juicio Penal en República Dominicana: Estado actual y Perspectivas de Mejora; y Gestión de Audiencias anteriores al Jucio”. Entre los panelistas figuraron jueces (zas) de Corte, Tribunales Colegiados y de Primera Instancia.
También fiscales y representantes de la Defensoría Pública de Puerto Rico, juristas y otros actores del sistema.
Este es el segundo seminario realizado en el país con el objetivo de fortalecer la interoperatibilidad entre estas instituciones de justicia, optimizar el proceso penal, promover la realización de acuerdos y otros métodos de salidas alternas para acelerar los casos judiciales.
La actividad fue organizada por el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría Pública, bajo la coordinación de Ramón E. Núñez, presidente del Instituto Caribeño para el Estado de Derecho.
