El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva en su primer día de regreso al cargo que obliga a las prisiones federales a alojar a las mujeres transgénero en instalaciones para hombres y a detener los tratamientos médicos relacionados con la transición de género. La medida forma parte de una amplia orden destinada a limitar el reconocimiento gubernamental del género únicamente al sexo asignado al nacer.
La directiva también se aplica a las personas detenidas en instalaciones de inmigración y es una de las disposiciones más concretas de la orden, titulada “Defendiendo a las Mujeres del Extremismo de la Ideología de Género y Restaurando la Verdad Biológica al Gobierno Federal”. Durante su primer mandato, Trump ya había implementado restricciones similares, pero la nueva política extiende significativamente su alcance.
La orden ejecutiva sostiene que “los esfuerzos por erradicar la realidad biológica del sexo atacan fundamentalmente a las mujeres al privarlas de su dignidad, seguridad y bienestar”.
Organizaciones defensoras de los derechos de las personas transgénero condenaron la orden, señalando los riesgos que representa para la seguridad y la salud de los presos trans. Shannon Minter, directora legal del National Center for Lesbian Rights, advirtió que la política incrementará los casos de abuso sexual y agresiones físicas. “Esto también es perjudicial para los funcionarios penitenciarios, que ahora pierden la capacidad de tomar decisiones basadas en la seguridad y las necesidades específicas de cada caso”, añadió.
Los expertos legales han señalado que la orden podría enfrentar impugnaciones judiciales, ya que los tribunales federales han establecido que los sistemas penitenciarios tienen la obligación de proteger a los presos vulnerables y proporcionar atención médica necesaria. En 2022, un juez federal en Illinois ordenó al Buró de Prisiones proporcionar cirugía de reasignación de género a una reclusa transgénero, declarando que negar el procedimiento violaba la Octava Enmienda.
Richard Saenz, abogado de Lambda Legal, subrayó que las protecciones constitucionales se mantienen incluso para las personas en prisión o en centros de detención migratoria. Según datos federales, las personas transgénero encarceladas tienen 10 veces más probabilidades de denunciar abuso sexual en comparación con otros reclusos.
Actualmente, alrededor de 1.500 mujeres transgénero se encuentran en prisiones federales, según el Buró de Prisiones. Aunque representan una proporción pequeña de los 144.000 reclusos federales, constituyen aproximadamente el 15% de las mujeres encarceladas. Por otro lado, hay 750 hombres transgénero en las mismas instalaciones. El Williams Institute, un centro de investigación de la Universidad de California en Los Ángeles, señala que las personas transgénero representan menos del 1% de los adultos en Estados Unidos, pero son desproporcionadamente afectadas por el sistema de justicia penal debido a factores como la discriminación, el rechazo familiar y las dificultades económicas.
Además de las disposiciones relacionadas con el alojamiento, la orden ejecutiva prohíbe el uso de fondos federales para tratamientos médicos relacionados con la transición de género, incluyendo terapia hormonal y procedimientos quirúrgicos. La Asociación Médica Estadounidense considera que estos tratamientos son necesarios para abordar la disforia de género, una condición médica reconocida.
Activistas como Jasmine Tasaki, directora ejecutiva de Black and Pink, organización que aboga por personas L.G.B.T.Q. encarceladas, alertaron sobre los efectos perjudiciales de retirar tratamientos hormonales. “Quitarle los tratamientos hormonales a alguien puede causar una profunda depresión. Para las mujeres trans, perder las características físicas adquiridas puede ser devastador”, afirmó Tasaki, quien también denunció el uso frecuente del confinamiento en solitario para las personas trans, práctica justificada por motivos de seguridad pero que resulta dañina para su salud mental.
La vulnerabilidad de los presos transgénero ya había sido reconocida por la Corte Suprema en 1994 en el caso Farmer v. Brennan, en el que se determinó que el gobierno tiene el deber de proteger a los reclusos de la violencia. Dee Farmer, demandante en ese caso y ahora líder del grupo Fight4Justice, señaló que ha recibido llamadas de reclusas preocupadas por las nuevas medidas. “Ayer recibí tres llamadas de pánico de mujeres trans que temen por lo que les va a pasar”, afirmó Farmer.
Bajo la nueva orden, el Prison Rape Elimination Act, que considera el estatus transgénero como un factor de riesgo en las asignaciones de alojamiento, será modificado según sea “necesario”. Entretanto, defensores de los derechos LGBTQ anticipan batallas legales para desafiar la implementación de estas políticas.
