La Suprema Corte de Justicia declaró inadmisible la solicitud de medida de coerción contra el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, por un alegado desacato a una orden judicial emanada del Tribunal Superior Administrativo que dispone la reposición de una ministra consejera y de otros funcionarios consulares, así como el pago de sus prestaciones laborales.
Los querellantes adujeron que se han presentado 60 querellas de parte de funcionarios diplomáticos y consulares, así como de otros empleados que reclaman que se ejecuten las decisiones judiciales que ordenan su reposición y el pago de sus prestaciones laborales dejadas de pagar desde el 2020, que fueron desvinculados por el MIREX.
La exconsejera Ilonka Rossiveris Pérez Ariza, quien se constituyó en actor civil y lo acusó de abuso de autoridad y atentado contra la libertad personal, logró que mediante la sentencia TC-0362-19 del 18 de septiembre del 2019 , el Tribunal Constitucional facultara a la parte querellante a solicitar medidas de coerción en los casos de acción pública, condicionado a la existencia de un proceso penal abierto (requisito de procedibilidad), lo contrario sería suplantar al Ministerio Público como responsable del ejercicio de la acción penal.