Un juez federal ordenó el jueves al gobierno del presidente Donald Trump que levante temporalmente la congelación de fondos que ha paralizado la ayuda y las labores de desarrollo de Estados Unidos en todo el mundo, citando el daño generalizado que el cierre repentino ha causado a las organizaciones sin fines de lucro y a otras entidades que ayudan a materializar la asistencia estadounidense en el extranjero.
La decisión es la segunda que asesta un gran revés a la Casa Blanca en sus esfuerzos para desmantelar la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), creada hace seis décadas y a la que el presidente, Donald Trump, y su aliado Elon Musk acusan de no estar en sintonía con la agenda del republicano.
La resolución del tribunal de distrito de Estados Unidos en Washington es la primera que aborda lo que las asociaciones de ayuda y otros dicen que ha sido un corte repentino y absoluto de los fondos de USAID para programas en el extranjero.
La suspensión del financiamiento ha dejado a contratistas, agricultores y proveedores en Estados Unidos y en todo el mundo sin cientos de millones de dólares en pago por trabajos ya realizados y ha forzado despidos a gran escala en esas empresas.
El juez Amir Ali emitió la orden temporal el jueves tras la demanda presentada por dos organizaciones, la Coalición de Defensa de la Vacuna contra el Sida y el Consejo de Salud Global, que representan a organizaciones sanitarias que reciben fondos estadounidenses para trabajos en el extranjero.
En su escrito, Ali señaló que el gobierno alegó que tenía que paralizar el financiamiento para los miles de programas de ayuda de USAID en el extranjero para llevar a cabo una revisión exhaustiva de cada una de las iniciativas y determinar si debían eliminarse.
Sin embargo, los funcionarios gubernamentales “no han ofrecido ninguna explicación de por qué una suspensión general de toda la ayuda exterior asignada por el Congreso, que provocó una onda expansiva y trastornó” los contratos con miles de grupos sin fines de lucro, empresas y otros, “fue un precursor racional para revisar los programas”, afirmó el juez.
Los abogados de la administración no han logrado demostrar que tenían un “motivo racional para ignorar… las innumerables pequeñas y grandes empresas que tendrían que cerrar programas o cerrar sus negocios por completo”, agregó.
La decisión también prohíbe que el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros funcionarios hagan cumplir las órdenes de paralización de trabajos enviadas por el gobierno y Musk a las empresas y organizaciones que llevan a cabo encargos de ayuda exterior.
La orden sobre el financiamiento se aplica a los contratos que estaban en vigor antes de que Trump emitiera una orden ejecutiva el 20 de enero en la que declaró la congelación de la asistencia extranjera.
Ali también rechazó el argumento de la Casa Blanca de que estaba amortiguando el impacto de esta decisión ofreciendo exenciones para permitir que los fondos siguieran llegando a algunos socios. El juez señaló que aún no hay un sistema de exenciones y que el sistema de pago en línea de USAID ya no funcionaba.
También rechazó una solicitud de las organizaciones sanitarias para impugnar la orden ejecutiva en sí, y limitó su fallo a impedir temporalmente que Rubio y otros funcionarios la hagan cumplir.
Antes el jueves, el juez en otro caso sobre el desmantelamiento de USAID y de los programas de ayuda estadounidenses en el extranjero dijo que su orden que frena los planes del gobierno para apartar a casi todos los empleados de la agencia de sus trabajos en todo el mundo —que expiraba el jueves— se mantendrá vigente al menos una semana más.
El juez de distrito de Estados Unidos Carl Nichols ordenó la prórroga tras una vista de casi tres horas el jueves, gran parte de la cual se centró en cómo los empleados se vieron afectados por las abruptas medidas de la administración de Trump y Musk, que dirige el Departamento de Eficiencia del Gobierno, para suspender a miles de trabajadores de USAID y paralizar la financiación de la ayuda.
El juez indicó que, en los próximos días, planea emitir un fallo por escrito acerca de la continuidad de la pausa.
Nichols interrogó al gobierno acerca de la seguridad de los empleados en licencia en áreas de alto riesgo en el extranjero. Cuando un abogado del Departamento de Justicia no pudo proporcionar planes detallados, le pidió que presentara documentos judiciales después de la vista.
La congelación de fondos y la purga de altos cargos en la agencia suponen que los empleados de USAID están varados en Washington, sin hogar ni fondos oficiales, y se enfrentan a la pérdida de sus puestos de trabajo, indicaron los empleados en las declaraciones juradas.
