La administración del presidente Donald Trump ha incluido a más de 6,000 migrantes, en su mayoría de origen latino, en la base de datos oficial de personas fallecidas, lo que ha eliminado su capacidad de trabajar legalmente en Estados Unidos o acceder a beneficios sociales, según reveló este viernes el diario The Washington Post.
La medida fue impulsada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien autorizó esta acción como parte de una estrategia para presionar a los inmigrantes indocumentados a abandonar el país, señaló un funcionario de la Casa Blanca al periódico.
Esta política se sustenta en dos memorandos internos firmados el pasado lunes, los cuales autorizan a la Administración del Seguro Social a clasificar a ciertos migrantes como “fallecidos” en sus registros, invocando motivos de seguridad nacional.
Organizaciones de derechos humanos y defensores de migrantes han comenzado a reaccionar ante esta revelación, calificándola de inhumana y de un posible abuso de poder con implicaciones legales
