Un nuevo plan estratégico de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) de Argentina, difundido este domingo en medios locales, estableció como foco de interés a quienes “erosionen la confianza” en funcionarios, “manipulen la opinión pública” o interfieran en la percepción ciudadana sobre las políticas del Gobierno de Javier Milei.
De acuerdo con una copia del documento de 170 páginas obtenida por el diario argentino La Nación y verificada por el medio con dos fuentes independientes, el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) amplía los márgenes de acción de los servicios de inteligencia en áreas tradicionalmente sensibles, sin especificar con claridad los alcances de las tareas que podrían desarrollarse ni los límites entre inteligencia externa e interna.
Entre los lineamientos se incluye el monitoreo de actores que generen “pérdida de confianza” en las políticas económicas o que incidan en procesos “cognitivos” de la opinión pública, por medio de nuevas tecnologías o inteligencia artificial.
También se menciona la desinformación durante procesos electorales como un eje de interés estratégico, sin detallar si se refiere a operaciones extranjeras o a actores locales como periodistas, analistas o ciudadanos.
El documento elaborado bajo la dirección del actual titular de la SIDE, Sergio Neiffert, también afirma que será objeto de interés cualquier conducta que afecte la percepción social mediante “distorsión” o manipulación, una formulación ambigua que, según La Nación, podría alcanzar a economistas críticos del Gobierno, periodistas, influenciadores e incluso funcionarios oficialistas, dependiendo de su comportamiento en redes sociales.
Según La Nación, el plan también confirma el alineamiento estratégico del Gobierno argentino con Estados Unidos e Israel, en sintonía con la política exterior anunciada por el presidente Javier Milei.
Tras la reasignación presupuestaria de principios de mayo, la SIDE recibió 25.250 millones de pesos (22 millones de dólares) adicionales, con lo que su presupuesto total para 2025 asciende a 80.872 millones de pesos (71 millones de dólares), de los cuales 13.436 millones de pesos (11 millones de dólares) están asignados al rubro de “gastos reservados”, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía y el Boletín Oficial
