Ser garante de una fianza judicial en la República Dominicana es más que un acto de confianza; es una responsabilidad legal con fuertes implicaciones económicas. Cuando un imputado no se presenta a una audiencia o evade el proceso penal, el garante se convierte en el foco de la presión judicial.
20 días para salvar la fianza
El Código Procesal Penal establece que, si el imputado es declarado en rebeldía, el juez otorga un plazo de 20 días al garante para que lo presente ante las autoridades. Si no lo logra, el Estado procede a ejecutar la garantía: se revoca el contrato de fianza y se ordena la venta de los bienes dados como respaldo. Esta ejecución no requiere de un proceso de embargo formal, lo que agiliza la acción judicial.
Implicaciones para el garante
Muchos garantes desconocen el riesgo real que asumen. En varios casos documentados, personas que firmaron como garantía para amigos o familiares han perdido viviendas, vehículos y otras propiedades por la fuga del imputado. En otros, empresas aseguradoras han tenido que asumir pérdidas millonarias tras la evasión de imputados de alto perfil.
¿Quién regula esto?
Aunque la ley establece que la garantía no debe ser “excesiva ni de imposible cumplimiento”, no hay una tabla oficial o directriz uniforme que regule los montos. Esto deja amplio margen a la discrecionalidad judicial y a las valoraciones subjetivas, lo que puede favorecer a imputados con recursos o buenos abogados.
¿Sistema justo o privilegio legal?
Organizaciones de la sociedad civil y expertos en derecho penal han pedido una revisión de la figura de la fianza, para evitar que se convierta en una “puerta giratoria” para la criminalidad de cuello blanco. Mientras tanto, los juzgados siguen utilizando esta medida como una solución rápida ante la saturación carcelaria y la lentitud procesal.
