Amnistía Internacional (AI) expresó este martes su rechazo al nuevo Código Penal dominicano, promulgado recientemente y que mantiene la penalización total del aborto, incluso cuando se trata de embarazos producto de una violación o incesto, cuando ponga en riesgo la vida de la madre o cuando el feto presente malformaciones incompatibles con la vida.
El presidente dominicano, Luis Abinader, promulgó el 3 de agosto el Código Penal tras ser aprobado por el Congreso Nacional tras años de debates, sin embargo, «los poderes legislativo y ejecutivo ignoraron buena parte de las demandas de la sociedad civil y de figuras públicas que exigían un mejor Código», señaló AI en un comunicado.
Para Astrid Valencia, directora de investigación para las Américas de AI, al firmar el código el presidente dominicano «consolida un legado de violencia institucional e injusticia de género».
«La sociedad dominicana merece un Código que garantice derechos humanos, no uno que perpetúe la draconiana prohibición absoluta del aborto, poniendo en riesgo la vida, la salud y la dignidad de las mujeres y niñas», apuntó en un comunicado.
La República Dominicana es uno de los países con las cifras más altas de mortalidad materna en la región, y se estima que al menos el 10% de estas muertes están relacionadas con abortos inseguros, recordó el comunicado.
Las organizaciones locales de derechos humanos además denunciaron que esta ley penal tiene otras falencias que agudizan la discriminación y violencia contra las mujeres y niñas.
Entre ellas, AI citó la prescripción de la acción penal relativa a la violencia sexual contra mujeres adultas, una regresiva tipificación de la violencia sexual en el contexto de pareja, que no cumple con estándares internacionales, la tolerancia al castigo físico contra niñas y niños, y la omisión de sancionar la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
«No es casualidad que el aborto y la correcta tipificación y sanción de la violencia sexual sean parte de los pendientes de este Código Penal. Estas omisiones reflejan una visión profundamente patriarcal y machista que busca controlar los cuerpos, las decisiones y la vida de las mujeres», añadió, por su lado, Johanna Cilano Pelaez, investigadora del Caribe de Amnistía Internacional.
En su comunicado, la entidad urgió a las autoridades y al Congreso Nacional a enmendar el Código Penal antes de su entrada en vigor en 2026, garantizando que los derechos humanos, la igualdad de género y la protección de las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ «sean ejes centrales de la legislación penal».
