El primer ministro de Bulgaria, Rosen Zhelyazkov, ha anunciado este jueves la dimisión de su Gobierno en pleno, acorralado por semanas de protestas masivas en las calles del país, donde decenas de miles de ciudadanos exigían su salida por acusaciones de corrupción y falta de reformas estructurales. La renuncia se produce a tan solo tres semanas de que Bulgaria adopte el euro como moneda oficial, lo que abre una nueva etapa de inestabilidad política en el umbral de su plena integración en la zona euro.
Zhelyazkov compareció este jueves ante los medios para comunicar su decisión pocas horas antes de que el Parlamento votara una nueva moción de censura. «Nuestra coalición se reunió, discutimos la situación actual, los desafíos que enfrentamos y las decisiones que debemos tomar con responsabilidad», declaró.
Zhelyazkov había llegado al poder en enero de 2025, al frente de una coalición liderada por el partido conservador GERB, con el respaldo parlamentario del Partido Socialista Búlgaro (BSP) y del grupo populista There Is Such a People (ITN). Desde el inicio, su Gobierno fue frágil: operaba en minoría y ya había enfrentado seis mociones de censura en menos de un año.
El detonante de la crisis fue el proyecto de presupuesto para 2026, que debía ser el primero en euros y contemplaba subidas fiscales y cotizaciones sociales. Aunque el Ejecutivo acabó retirando el plan tras las primeras protestas, el gesto fue insuficiente. Lo que pedía la calle no era un cambio de cifras, sino un cambio de sistema.
«No se puede arreglar el país sin arreglar antes la justicia. Si se reforma el Poder Judicial, lo demás caerá por su propio peso», opinaba Dobri Lakov, manifestante en Sofía. «Dimisión», «Fuera la mafia», «Por unas elecciones justas» se coreaba en las manifestaciones.
Las pancartas se repitieron durante semanas. Las protestas —lideradas en muchos casos por jóvenes de la Generación Z— se extendieron por todo el país, con especial fuerza en Sofía, Plovdiv, Varna y Burgas. En la capital, los manifestantes proyectaron las consignas sobre la fachada del Parlamento.
El trasfondo es una desconfianza profunda en la clase política, señalada por mantener vínculos con oligarcas como Delyan Peevski, una figura bajo sanciones internacionales y acusado de controlar esferas clave del poder. Su cercanía al partido GERB fue una de las causas del desgaste irreversible del Ejecutivo.
Organizaciones como Transparency International sitúan a Bulgaria entre los países con mayor percepción de corrupción en la Unión Europea, solo por detrás de Hungría y Rumanía. La ciudadanía no solo protestaba por un presupuesto impopular, sino por una forma de gobernar en la que los intereses privados, la falta de transparencia y la impunidad judicial forman parte del paisaje institucional.
«El Gobierno no puede ofrecer el cambio real que la sociedad exige. Es hora de devolver la palabra al pueblo», afirmó el presidente Rumen Radev, que había pedido previamente la dimisión del Ejecutivo y ahora deberá decidir si encarga un Gobierno técnico o convoca elecciones anticipadas. Bulgaria, que ha celebrado siete elecciones generales en los últimos cuatro años, entra así en una nueva etapa de transición sin que esté claro quién gestionará los próximos meses. El malestar social, la debilidad parlamentaria y las sospechas de corrupción siguen marcando el camino de un país que, a ojos de muchos, aún no ha completado su transición democrática.
La crisis estalla en el peor momento. Bulgaria está a punto de adoptar el euro como moneda oficial el 1 de enero de 2026, en sustitución del lev. Bruselas ha asegurado que el calendario se mantiene, pero en la práctica el país entra en la moneda común con un vacío político en el centro del poder. Hay temor sin embargo a que inestabilidad interna afecte a la implementación técnica y política del cambio monetario y a la credibilidad institucional del país.
