El Gobierno de la República Dominicana respondió al comunicado emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el cual ese organismo expresó su preocupación por las políticas migratorias implementadas en el país, particularmente en el contexto de los operativos de control y repatriación de extranjeros en situación irregular.
A través de un pronunciamiento oficial, las autoridades dominicanas señalaron que el Estado tiene “el derecho y la obligación” de regular el ingreso, la permanencia y la salida de personas dentro de su territorio, en apego a la Constitución y a las leyes vigentes.
El Gobierno sostuvo que sus acciones migratorias se realizan bajo el marco del respeto a los derechos humanos y en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana, al tiempo que enfatizó que ninguna nación puede renunciar a su facultad soberana de administrar sus fronteras y garantizar el orden interno.
Asimismo, reafirmó su disposición de mantener un diálogo abierto y respetuoso con los organismos internacionales, incluyendo la CIDH, pero dejó claro que las decisiones en materia migratoria responden a la necesidad de preservar la seguridad, la estabilidad social y el cumplimiento de su reglamento interno.
Las autoridades indicaron que los operativos migratorios se ejecutan siguiendo protocolos establecidos, con especial atención a la dignidad de las personas intervenidas, y reiteraron su compromiso con la protección de los derechos fundamentales, sin distinción de nacionalidad o estatus migratorio.
El Gobierno dominicano subrayó que continuará aplicando su política migratoria de manera firme pero responsable, procurando un equilibrio entre el respeto a los derechos humanos y la obligación constitucional de garantizar el orden y la soberanía nacional.
Finalmente, el Estado dominicano reiteró que seguirá fortaleciendo sus mecanismos institucionales para una gestión migratoria más eficiente, transparente y acorde con las normas legales, insistiendo en que el tema migratorio debe ser abordado con responsabilidad, objetividad y respeto mutuo entre las naciones y los organismos internacionales.
