La organización política propone eliminar privilegios penales para funcionarios, endurecer las sanciones contra la corrupción y la inmigración ilegal, regular los delitos cometidos con inteligencia artificial y reforzar la protección de la vida, la niñez y la soberanía nacional
Santo Domingo.– El presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), Ramfis Domínguez Trujillo, remitió de manera formal al Congreso Nacional un amplio documento de observaciones y propuestas de modificación a la Ley núm. 74-25, que instituye el nuevo Código Penal de la República Dominicana, con el objetivo de fortalecer la legislación penal y adaptarla a los desafíos jurídicos, tecnológicos y de seguridad que enfrenta el país.
Las propuestas fueron enviadas mediante una comunicación dirigida a los presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, acompañada de un extenso documento técnico-jurídico en el que el Partido Esperanza Democrática desarrolla los fundamentos constitucionales, legales y de derecho comparado que sustentan cada una de sus recomendaciones.
En la carta, firmada por Ramfis Domínguez Trujillo en su condición de presidente del PED, la organización reconoce el esfuerzo realizado por el Congreso Nacional al aprobar un nuevo Código Penal después de más de un siglo de vigencia del anterior, pero sostiene que una legislación de tal importancia siempre puede ser perfeccionada mediante una revisión responsable que fortalezca la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley, la libertad y la defensa de la soberanía nacional.
Entre las principales iniciativas presentadas figura la eliminación de cualquier régimen de protección penal especial para funcionarios públicos frente a expresiones ofensivas. El Partido Esperanza Democrática sostiene que quienes ejercen funciones públicas administran recursos del pueblo y, por tanto, deben estar sometidos a un mayor nivel de escrutinio ciudadano, sin gozar de privilegios penales superiores a los de cualquier dominicano.
Otra de las propuestas consiste en una reforma integral del régimen de difamación e injuria. El PED plantea sustituir el esquema actual por un sistema escalonado de responsabilidad que diferencie entre insulto simple, injuria, difamación negligente, difamación dolosa y difamación agravada, permitiendo que las sanciones sean proporcionales a la gravedad del daño y reservando las penas más severas para campañas organizadas de difamación, especialmente cuando intervengan tecnologías como la inteligencia artificial, la falsificación documental o los llamados deepfakes.
En materia de protección de la vida, Esperanza Democrática propone revisar las disposiciones relativas al aborto con el propósito de eliminar las eximentes de responsabilidad penal y mantener una protección uniforme del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Paralelamente, plantea fortalecer las políticas públicas de atención médica, apoyo psicológico, asistencia social y acompañamiento integral para las mujeres embarazadas.
La organización política también propone incorporar nuevas figuras penales para enfrentar con mayor severidad la colaboración dolosa con la inmigración ilegal organizada. Entre ellas plantea sanciones agravadas para funcionarios públicos, militares, autoridades migratorias o miembros de organismos de seguridad que faciliten el ingreso ilegal de extranjeros, participen en redes de tráfico de migrantes o utilicen sus funciones para impedir la aplicación de la legislación migratoria, al considerar que estas conductas afectan directamente la soberanía nacional.
El documento igualmente recomienda actualizar el Código Penal frente a los desafíos de la revolución tecnológica mediante la incorporación de agravantes para delitos cometidos utilizando inteligencia artificial, clonación de voz, manipulación de imágenes, videos alterados y otras herramientas digitales capaces de facilitar fraudes, extorsiones, campañas de desinformación y manipulación electoral.
Asimismo, el Partido Esperanza Democrática propone endurecer las sanciones por corrupción administrativa mediante la inhabilitación permanente para ejercer funciones públicas en casos graves, el decomiso ampliado de bienes obtenidos ilícitamente y el fortalecimiento de la responsabilidad patrimonial de los condenados. También plantea aumentar las penas por delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes, especialmente cuando intervengan docentes, religiosos, tutores o funcionarios públicos, así como reforzar la persecución de los delitos perpetrados mediante plataformas digitales.
Finalmente, Ramfis Domínguez Trujillo reiteró la disposición del Partido Esperanza Democrática de comparecer ante las comisiones legislativas correspondientes para desarrollar técnicamente cada una de las propuestas y colaborar con el Congreso Nacional en el proceso de análisis y perfeccionamiento del nuevo Código Penal, con el objetivo de contribuir a una legislación moderna, coherente y alineada con los principios constitucionales y los desafíos del siglo XXI.
