La decisión del Gobierno de la República Dominicana de solicitar el retiro de nueve funcionarios diplomáticos cubanos y sus familiares ha generado un nuevo foco de tensión en las relaciones entre Santo Domingo y La Habana, debido principalmente a la ausencia de una explicación pública sobre las razones que motivaron la medida.
La información fue confirmada el 13 de agosto de 2026. De acuerdo con reportes internacionales, la Cancillería dominicana comunicó la solicitud de retiro de nueve funcionarios cubanos, sin identificar públicamente a los diplomáticos ni explicar las circunstancias específicas que llevaron a tomar la decisión.
El carácter reservado de la medida ha provocado interrogantes en torno a sus posibles implicaciones diplomáticas. La República Dominicana y Cuba mantienen relaciones oficiales y estructuras diplomáticas activas. El Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano mantiene, además, su embajada y consulado en La Habana, lo que evidencia que, pese al actual conflicto, no se ha producido una ruptura de las relaciones diplomáticas.
Cuba responde con una fuerte condena
La respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba fue contundente. La institución rechazó la decisión dominicana y sostuvo que los funcionarios expulsados habían desempeñado sus funciones respetando las normas diplomáticas internacionales y las leyes dominicanas.
La posición cubana convierte el episodio en un diferendo diplomático que trasciende la salida de determinados funcionarios, pues La Habana cuestiona la existencia de una causa que, desde su perspectiva, justifique la medida.
Uno de los elementos centrales del conflicto es precisamente la diferencia entre ambas posiciones: mientras Santo Domingo optó por no hacer públicos los motivos, Cuba sostiene que no existía fundamento para la expulsión.
Un antecedente jurídico relevante
La relación bilateral cuenta con instrumentos jurídicos vigentes. El Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano registra un acuerdo suscrito con Cuba en 2010 para la supresión recíproca del requisito de visado en pasaportes diplomáticos y oficiales.
Ese acuerdo contempla, además, disposiciones relacionadas con la permanencia de ciudadanos beneficiarios y establece que cada parte puede negar el ingreso o reducir o terminar el período de permanencia por razones vinculadas con seguridad nacional, orden público, salud pública o cuando una persona sea declarada persona non grata.
Por tanto, desde la perspectiva del derecho diplomático, la existencia de una expulsión no implica automáticamente una ruptura de relaciones entre los Estados. Sin embargo, la falta de información pública sobre las causas concretas dificulta determinar si la decisión responde a consideraciones de seguridad, actividades incompatibles con la función diplomática, razones políticas u otros factores que permanecen fuera del conocimiento público.
El punto que permanece sin respuesta
Uno de los aspectos más sensibles del caso es que la ciudadanía y la opinión pública dominicana desconocen qué hechos específicos provocaron la decisión.
La ausencia de nombres y motivaciones oficiales también impide contrastar las versiones de ambos gobiernos y establecer con precisión si existió algún incidente previo que haya desencadenado la medida.
En el plano diplomático, esta reserva puede responder a la práctica de mantener determinados asuntos de seguridad o de política exterior fuera del debate público. No obstante, también genera un vacío informativo que alimenta las especulaciones.
El episodio adquiere mayor relevancia porque ocurre en un contexto regional de creciente presión política y económica sobre el Gobierno cubano y de redefinición de las alianzas hemisféricas. Associated Press señaló que la expulsión se produjo en medio de un ambiente regional más tenso alrededor de Cuba y de un mayor distanciamiento de algunos gobiernos latinoamericanos respecto de La Habana.
Relaciones que todavía permanecen abiertas
A pesar de la controversia, no hay indicios en la información disponible de que República Dominicana haya anunciado una ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba. Por el contrario, la infraestructura diplomática dominicana en La Habana continúa operativa y el MIREX mantiene servicios consulares para ciudadanos dominicanos.
El verdadero alcance de la medida dependerá ahora de los pasos que adopten ambos gobiernos. Una respuesta equivalente por parte de Cuba, nuevas restricciones diplomáticas o la revelación posterior de las razones dominicanas podrían elevar considerablemente el nivel de tensión.
Por ahora, el hecho central permanece claramente establecido: República Dominicana decidió retirar a diplomáticos cubanos y sus familias, pero no ha hecho públicas las razones de la medida, mientras La Habana la califica de injustificada y exige explicaciones. Esa diferencia de versiones deja abierta una crisis diplomática cuyo alcance todavía está por definirse.
