Por Élida Almonte
Si la abstención fuera una razón válida para eliminar el derecho al voto, entonces habría que plantearse eliminarlo también en la República Dominicana. Antes de señalar exclusivamente a los dominicanos del exterior, corresponde analizar los niveles de participación y abstención en todo el territorio nacional, provincia por provincia y municipio por municipio, y determinar sus causas.
Por eso discrepo firmemente del planteamiento de Rosario Espinal de que la Junta Central Electoral debería dejar de invertir recursos en el voto dominicano en el exterior.
El derecho al voto de la diáspora no nos lo regalaron. Es una conquista ciudadana y lo defenderemos en todos los escenarios democráticos e institucionales que sean necesarios.
La propia JCE ha estudiado la abstención tanto en territorio nacional como en el exterior, analizando factores sociales, políticos y logísticos. Por tanto, la respuesta no puede ser eliminar derechos, sino identificar las causas y crear mejores condiciones para la participación.
La JCE debe fortalecer las campañas de educación y motivación electoral, mantener jornadas permanentes de cedulación y empadronamiento en las ciudades con mayor concentración de dominicanos y revisar las barreras de distancia, transporte y acceso a los centros de votación.
La abstención se combate con participación, no eliminando derechos.
En las elecciones de 2024 había 863,785 dominicanos habilitados para votar en el exterior. No estamos hablando de una población insignificante, sino de cientos de miles de ciudadanos dominicanos cuyos derechos deben ser garantizados.
Y nuestra relación con la República Dominicana no comienza ni termina el día de las elecciones.
No somos dominicanos ausentes. Somos dominicanos presentes.
Estamos presentes cuando ponemos alimentos sobre las mesas de nuestras familias, pagamos medicamentos y educación, invertimos, emprendemos, promovemos nuestra cultura y respondemos cuando nuestro país atraviesa momentos difíciles. Durante la pandemia demostramos una vez más que, aun en medio de una crisis mundial, la diáspora no abandonó a su gente.
Por eso resulta contradictorio que se valore permanentemente nuestra contribución económica y, al mismo tiempo, se cuestione nuestra participación política.
No podemos ser necesarios para aportar y prescindibles para decidir. La diáspora no es una alcancía.
Somos parte integral de la República Dominicana: económica, social, cultural y políticamente.
El propio país reconoce hoy esa realidad. META RD 2036 incorporó un Comité Sectorial de la Diáspora Dominicana, reconociendo que no se puede hablar seriamente del futuro y desarrollo nacional dejando fuera a millones de dominicanos que viven más allá de nuestras fronteras.
Quienes emigramos salimos un día con una maleta llena de sueños, muchas veces empujados por las circunstancias, pero nunca abandonamos nuestras raíces.
Emigrar no significa renunciar a la patria y la distancia no cancela ciudadanía.
En lugar de preguntarnos cuánto cuesta el voto exterior, deberíamos preguntarnos qué debemos hacer para que más dominicanos, dentro y fuera del país, ejerzan su derecho.
Ese es el debate que fortalece la democracia.
No somos una remesa. No somos una alcancía. Somos ciudadanos dominicanos.
Nuestra dominicanidad no depende de un código postal.
La diáspora está presente. Nuestra voz cuenta. Y nuestro derecho al voto se respeta.
