Las posiciones intransigentes del Gobierno y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) mantienen paralizadas las clases presenciales en las escuelas públicas del país por segunda semana consecutiva.
Este lunes, la mayoría de los planteles públicos de la capital permanecían sin alumnos y con muy pocos maestros.
Anoche, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, pidió a la comunidad educativa reintegrarse a las clases, en un mensaje emitido anoche, a través de su cuenta de Twitter.
“Padres, madres, estudiantes, docentes, mañana lunes seguimos adelante, con amor y responsabilidad, trabajando por el derecho fundamental de nuestros queridos estudiantes a la adecuación, sin perder tiempo, sino dedicados a transformarla”, manifestó el funcionario.
Empero, los educadores siguen acatando el llamado a no impartir docencia de la directiva de la ADP, bajo el argumento de que la crisis sanitaria creada por la pandemia por covid-19 pondría en peligro la salud de maestros y estudiantes.
Eduardo Hidalgo, presidente del gremio magisterial, ratificó que los profesores no volverán a las aulas hasta “crear las condiciones para el retorno a clases presenciales de manera segura”.
La posición choca con la de diversos sectores que no entienden por qué si otros servidores públicos y privados están trabajando en medio de la pandemia, los profesores públicos no.
Finjus acusa
La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (Finjus), acusó a la ADP de tomar decisiones institucionales que no le corresponden.
Aseguró que inquieta a amplios sectores de la sociedad dominicana que la ADP desconozca las decisiones de los órganos e instituciones que por mandato constitucional y legal están llamados a regular y adoptar las medidas que se requieran para asegurar el normal funcionamiento de la vida nacional.
«Desconociendo los llamados de las autoridades educativas, de la salud y de amplias capas sociales, la ADP reitera una conducta que en ocasiones anteriores ya ha sido sancionada por los tribunales de la República, que es la de afectar el derecho a la educación de niños y adolescentes dominicanos por adoptar decisiones al margen de los mecanismos previstos por las leyes», indica.v