Los esfuerzos de la Junta Central Electoral (JCE), por frenar el proselitismo a destiempo cada día pierden más fuerza ante los partidos políticos debido a que ese organismo utiliza un marco que ha sido desmembrado por las altas cortes en sus articulados y numerales.
Desde hace casi dos años, la JCE viene advirtiendo a los partidos sobre el proselitismo precoz y el último de sus intentos fue a través de un comunicado de admonición, el cual desató reacciones adversas entre las organizaciones opositoras que culminaron en una instancia depositada ante el organismo comicial.Al respecto, el abogado constitucionalista Amaury Reyes Torres explica que el comunicado de admonición habla de dos cosas: del proselitismo a destiempo, durante la precampaña, y del uso de símbolos patrios en estos eventos.
«El problema viene porque la JCE se basa en el artículo 44, párrafo III, de la Ley 33-18 que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en las Sentencias TC/0441/19 y TC/0052/22″, refirió el jurista.
El comunicado
El comunicado de admonición publicado por la JCE el 10 de agosto señala que de acuerdo a lo previsto en el artículo 44 de la ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, hasta que no quede abierto el período de campaña electoral, está prohibida «la celebración de eventos multitudinarios como mítines, marchas, caravanas y la divulgación de propaganda electoral como la colocación de vallas, afiches, pancartas, así como la promoción de los aspirantes a través de medios de comunicación como la radio y la televisión».
El jurista indica, además, que el tema de la libertad de expresión, sobre todo en política, es muy fuerte y las limitaciones o regulaciones, si no son razonables, entonces, son contrarias a la Constitución.
«Por ello, que esta regulación, implica que la JCE esté determinando qué campaña o expresión de precampaña realmente es de precampaña o proselitista, lo que supone una injerencia fuerte en la expresión política de los partidos en razón de su contenido. Esto con independencia de las regulaciones por razones medioambientales que puedan acontecer», explicó.
El senador Franklin Rodríguez, del partido Fuerza del Pueblo, se opuso a las advertencias de la JCE al decir que es la propia Constitución la que da la libertad de asociación y reunión, un mandato que no puede ser inobservado por el máximo órgano comicial.
El congresista de San Cristóbal explicó que el mismo Tribunal Constitucional ya estableció que la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, promulgada en el 2018, contiene artículos violatorios a la Carta Magna, por lo que manifestó que «la Junta no tiene razón» al intentar limitar la propaganda política.
Mientras que el senador Yván Lorenzo, vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el Senado, dijo que la actitud de la institución electoral «pone en tela de juicio» la imparcialidad que debe mostrar la entidad ya que, a su parecer, la JCE debe dar señales de confianza porque administrará el próximo torneo electoral.
El senador de Elías Piña criticó que el partido gobernante «tiene el país sembrado de vallas gigantescas» y que la JCE no se ha pronunciado al respecto, a pesar de que se evidencia un supuesto uso de los fondos públicos para campañas reeleccionistas.
De su lado, el senador Pedro Catrain, representante de Samaná y militante del Partido Revolucionario Moderno (PRM), sostuvo que la Ley 33-18 establece los plazos de la precampaña, por lo que la JCE sólo cumple con su rol al detener la propaganda a destiempo. Dijo que, en los momentos actuales, la población «se merece un descanso» del proselitismo hasta octubre, que es cuando arranca oficialmente la campaña electoral.
«En todas partes del mundo las campañas no pasan de 60 días y aquí tenemos la más larga a nivel mundial», dijo Catrain al negar que el presidente Luis Abinader esté enfrascado en el proselitismo, como asegura la oposición.