Presidente de la AIRD pide no apresurar la legislación; Brache Álvarez dice apoya la iniciativa tal como está
El proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos que cursa en el Senado y cuyo informe fue rendido en la sesión del pasado miércoles, sigue dando de qué hablar.
Se refirieron a la controversial pieza el día de ayer Miriam Germán, procuradora general de la República; Celso Juan Marranzini, presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD); Julio Brache Arzeno, presidente del Grupo Rica. Entre otros. Tanto la funcionaria como los empresarios dieron su parecer entorno a la legislación.
La magistrada llamó a evitar que la ley de extinción de dominio pueda ser utilizada para la extorsión y llamó a que la pieza sea conocida con mucho cuidado para que no afecte la preservación de los derechos.
Advirtió que aunque se apruebe la normativa de ley, no podrá ser aplicada de inmediato debido a que vendrán aproximadamente mil recursos ante el Tribunal Constitucional. “La ley de extinción de dominio tiene cosas muy positivas, pero hay que cuidarse, de que cuando se ponga en práctica, evitar atropellos y de que tal o cual organismo se dedique a la extorsión”, expuso Germán.
Al dictar la conferencia “Persecución de la criminalidad y la corrupción administrativa pública para favorecer la seguridad jurídica”, propiciada por la Cámara Americana de Comercio, recordó que en casos de corrupción, se ha visto en qué organismos que persiguen tal o cual acción cometen atropellos o extorsión. Fue en ese sentido que externó hay que cuidar puntos en dicha ley, como la preservación de los derechos.
Independencia del Ministerio Público
Al abordar el tema de la independencia del Ministerio Público, la magistrada dijo que el camino de la reforma a la Constitución lo ve con mucho cuidado, debido a las consecuencias. Germán advierte que se pueden dar una serie de concesiones, que al final, pueden ser peor.
Reconoció que el órgano persecutor del Estado requiere de mayor cantidad de recursos económicos para una eficaz lucha contra la corrupción y demás delitos. Puso de ejemplo el PEPCA y otras dependencias, que llevan varios casos y no se puede pedirle una dedicación tan intensa, sin el respaldo y la remuneración adecuada.
Miriam Germán dijo que la seguridad jurídica tiene un impacto que permite enfrentar la lucha contra la corrupción y favorece un clima que propicie la libre empresa y la inversión extranjera. Aseguró que en su gestión hay un principio de legalidad, actuando con transparencia y coherencia en la administración de las normas penales.
“El reto que tiene este Ministerio Público es procurar justicia a derecho, consciente de los reclamos de las sociedades, pero sin dejarse arrastrar por las arbitrariedades o el abuso de poder”, expresa Germán.
También señaló que espera llegue el momento en la justicia no tengan ningún tipo de intromisión. Cuestionó, además, que sean amañados concursos, por lo que cree que las contrataciones públicas deben ir acompañadas por investigaciones serias.
Al ser preguntada sobre el cambio de funciones al pasar de jueza a representante del Ministerio Público, la procuradora dijo que ni en uno ni en el otro caso comulga, ni con el abuso ni con el maltrato, y que no se debe afectar ni la libertad ni el honor de una persona. Lamentó también que se busquen soluciones populistas o a través de las redes sociales.