Por: Guido Gómez Mazara
Toda cumbre debe concretizarse en un ambiente de elemental armonía. Más aún, una con las características de aquella pautada para la primera semana de diciembre en Punta Cana. Los factores ideológicos y visiones discrepantes respecto de cada uno de los gobernantes convocados pasan a un segundo plano en la medida que debe enfatizarse en los ámbitos que asocian el comercio, desarrollo tecnológico, desmonte de barreras arancelarias y programas para el impulso económico.
En determinados períodos de la historia, la región actuó priorizando una realidad que reflejaba los componentes básicos de todo el proceso de Guerra Fría. Una vez disuelto ese referente, el reordenamiento del cuadro político abrió las compuertas de nuevas realidades, caracterizadas por competencias electorales altamente influenciadas o directamente dependientes de la solidaridad de la mayor economía del continente. Y desde ahí, sin la obstrucción clásica de Washington, el escenario se transformó de tal manera que las ofertas revolucionarias descansaron su legitimidad en el antes desdeñando voto democrático.
Ahora bien, transformada la realidad política estadounidense, las visiones encauzadas desde el Departamento de Estado tendrán como norte redefinir un cuadro en toda la región, con mayor nivel de sintonía con su agenda. Aquí no se trata de los típicos alegatos de genuflexión o intromisión, consustancial con la retórica de los años 60 y 70, sino una pretensión de establecer ambientes que faciliten un mayor flujo de intercambio sobre aspectos comunes en toda Latinoamérica.
Excluir la métrica democrática de los paradigmas indispensables para el desarrollo y convivencia resulta un tanto peligroso. No obstante, el clima de restricción a las libertades fundamentales caracteriza una parte importante de los gobiernos de la región y, si bien es cierto que una cumbre no tiene como objetivo evaluar la dosis de pluralidad, no es menos válido que la categoría ideal para un buen diálogo debe descansar en un disenso en el marco de la diversidad democrática.
Lo arriesgado del evento pautado para realizarse en Punta Cana tiene en la actual coyuntura una amplia gama de interpretaciones que resultarían materia prima de una exaltación regional, dada la asociación ideológica de varios gobernantes distanciados del actor de mayor relevancia en la región. Y no es que el país anfitrión actúe sin los requerimientos de honor y dignidad, sino que la posposición del evento allanaría la espera de mejores aires, en la intención de restablecer las buenas maneras imperantes en el mundo diplomático, inducidas por la lectura inteligente de transformar el momento de crispación actual. Y sin renunciar al respeto irrestricto de la expresión electoral de países que respetamos y estamos obligados en una convivencia armoniosa, la principal responsabilidad de un gobernante reside en velar por un ambiente de favorabilidad, priorizando a sus ciudadanos en el marco de una integración regional capaz de preservar y/o garantizar niveles de crecimiento, estabilidad y paz social. Así nos cuidamos como nación sin renunciar a un sentido de prudencia que favorezca nuevos escenarios en la consecución de diálogos fructíferos y distantes de tensiones.
La escena internacional ha sido plataforma de perturbaciones sin precedentes. Y aquí, el match de Chávez y Uribe en el marco de la Cumbre del Grupo Río en el año 2010 todavía es materia de urticantes comentarios en la comunidad diplomática.
Por ahora, la posposición de la Cumbre de las Américas podrá ser atacada desde diferentes sectores, pero la lógica de prevención aconseja un reenvío consustancial con un mejor ambiente. Más vale prevenir que lamentar.