Un proyecto de ley sancionado el miércoles en el Senado obligará a todas las personas físicas e instituciones públicas o privadas a entregar cualquier tipo de información a la nueva Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), iniciativa que aprobaron los legisladores y está pendiente de su promulgación u observación de parte del Poder Ejecutivo.
Aunque la obligación está consignada en el artículo 11 del proyecto, la Cámara de Diputados hizo una leve modificación al punto para que las informaciones se entreguen «protegiendo y garantizando el derecho a la intimidad y el honor personal».
Por el cambio que hicieron los diputados al referido artículo, el proyecto tuvo que ser devuelto al Senado, donde se aprobó esta semana. La Cámara Alta finalmente acogió la modificación y envió la pieza al Senado para su promulgación.
a modificación citada la propuso el diputado Ramón Bueno, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien sugirió el cambio tras un acuerdo con los demás partidos políticos que se mostraban opuestos a la entrega de información a la nueva DNI.
La pieza
El proyecto, que ahora solo está pendiente de promulgación y observación, transformará el Departamento Nacional de Inteligencia en una Dirección que estará dirigida por el Gobierno.
El artículo seis del proyecto de ley dispone que la DNI será el órgano coordinador del Sistema Nacional de Inteligencia y deberá guiar las actividades de Inteligencia y contrainteligencia relacionadas con la seguridad nacional que realicen los organismos militares, policiales y financieros del Estado, conforme al Plan Anual de Inteligencia.
