El foro pide al TSE y a la JCE verificar la autenticidad de los documentos y la legitimidad de quienes presentan reclamaciones
Santo Domingo.- El Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (FOPPPREDOM) expresó su respaldo al Partido Humanista Dominicano (PHD) ante las acciones judiciales que han obstaculizado la celebración de su VII Convención Nacional Ordinaria.
En un comunicado firmado por su secretario general, José Francisco Peña Guaba, la entidad manifestó preocupación por los efectos de los conflictos internos llevados a los tribunales cuando estos amenazan el funcionamiento democrático y la estabilidad de las organizaciones políticas.
El foro sostuvo que los esfuerzos del PHD para realizar su convención han enfrentado sucesivas reclamaciones de personas que alegan tener derecho de afiliación.
Añadió que en esos procesos se han denunciado presuntas falsificaciones de documentos utilizados para obtener decisiones judiciales perjudiciales para esa agrupación.
Ante esa situación, pidió al Tribunal Superior Electoral (TSE) y a la Junta Central Electoral (JCE) actuar con cautela y rigor dentro de sus respectivas funciones.
Asimismo, consideró necesario comprobar quiénes tienen derecho a presentar las reclamaciones, revisar la autenticidad de los documentos y verificar el cumplimiento de las leyes y los estatutos partidarios.
FOPPPREDOM advirtió que las competencias de ambos organismos podrían ser utilizadas mediante actuaciones presuntamente fraudulentas para afectar la seguridad jurídica y entorpecer la actividad de los partidos.
En ese orden, llamó a ambas instituciones electorales a preservar su independencia.
La entidad defendió el derecho del PHD a desarrollar su vida interna conforme a las decisiones de sus organismos legítimamente constituidos.
Señaló que esa autonomía debe ejercerse con respeto a los derechos de los afiliados y al marco legal.
“La democracia interna de los partidos debe desenvolverse sin interferencias indebidas”, expresó el foro en el documento.
Concluyó diciendo que la protección judicial de los derechos políticos debe coexistir con la autonomía partidaria y que los recursos ante los tribunales “no deben convertirse en herramientas para paralizar injustificadamente a las organizaciones”.
