La Cámara de Cuentas de la República declaró que detectó “inobservancias e irregularidades” en investigación especial realizada a la Dirección Central de la Policía de Turismo (Politur) y/o Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), por el período comprendido entre el 1.° de enero de 2010 y el 31 de mayo de 2021.
La investigación fue realizada en el periódo de la gestión del general Juan Carlos Torres Robiou, donde se comprueba el desvío de fondos y malversación dentro del Cestur y Politur, por lo que fue arrestado y se encuentra cumpliendo medida de coerción como imputado de corrupción administrativa en el Caso Coral 5G.
En la Resolución No. AUD-X-2022-002, aprueban el documento final de la investigación de ambas instituciones castrenses donde concluyen que hubo “pagos a empresa intermediaria que no era el beneficiario final de los recursos ni el proveedor del servicio, por un monto ascendente a RD$77,502,077”.
Además, hallaron “contratos de bienes y servicios, sin evidenciar aplicación de procedimientos de selección, por un monto ascendente a RD$473,463,125”. Además, “pagos a proveedores con lazo de consanguinidad con funcionario de la entidad por un monto de RD$72,333,751”.
La investigación arrojó “debilidades identificadas en la contratación con la compañía Global Investment and Business Bridimar, SRL, por un monto de RD$2,133,558.
a) Modificación al objeto del contrato y pliego de condiciones. b) Pago avance superior al monto establecido en la ley. c) Contratación sin evidencia de póliza de seriedad de la oferta.
Encontraron un “procedimiento de urgencia para la adquisición de combustibles sin resolución declaratoria de la máxima autoridad, por un monto de RD$12,660,000., como también la “adquisición de bienes y servicios sin la formalización de contratos”.
La ausencia de elaboración del informe detallado posterior al término del proceso de urgencia, como la falta de control en los archivos de los expedientes de contrataciones de bienes, obras y servicios, son parte de la inobservancia que detalla el informe de la investigación de la Cámara de Cuentas.
Informan que hubo “ausencia de normativas para el control de pasivos, fraccionamiento en la compra de armas tipo militar (pistolas) por un monto de RD$9,600,000.; contratación de servicios sin evidencia de calificación como proveedor único por un monto de RD$3,404,890.; debilidades en los expedientes de pasivos con proveedores de bienes y servicios por un monto de RD$16,307,825. y diferencias en registro de deuda por valor de RD$12,091,628.
Dicen que hubo “ausencia de políticas y manuales de procedimientos para pagos de compensación por servicio de seguridad y compensación por cargo al personal policial, ascendentes a un monto de RD$603,779,506”.
Detectaron pago a personal no formalizado en la entidad por un monto de RD$175,507,353; Pago de incentivo de manera irregular ascendente a RD$4,438,268 y RD$1,339,500.; Desembolsos mediante cheques no registrados y no identifican las cuentas contables afectadas, por un monto de RD$5,777,767 y encontraron “personal en nómina con cargo de asesores por un monto de RD$7,672,200”.
Los “resultados de las entrevistas realizadas a funcionarios, empleados y otros relacionados, mediante los cuales se identificaron pagos a personas no empleados de Politur/Cestur, por un monto de RD$3,458,000.”
Otras irregularidades encontradas fueron: “Compras sin la modalidad de selección ascendentes a RD$9,718,533 y RD$4,395,000. Incumplimientos en procesos de compra bajo la modalidad de comparación de precios, por un monto de RD$8,522,097. Incumplimientos en proceso bajo la modalidad de compra menor por un monto de RD$520,728. Inconsistencias en proceso de adquisición de insumos por un monto de RD$208,114. Procesos de compra que no cumplen con la transparencia y publicidad ascendentes a RD$14,677,095.
Asimismo, “procesos de compra a proveedores con actividades distintas a los servicios que ofertan y carentes de registro mercantil, por un monto de RD$9,826,103. 6.6.7 Procesos de compra a proveedores con RNC suspendido. Entrega de canastas sin acuse de recibo, por un monto ascendente a RD$14,979,967. 6.6.9 Desembolsos para raciones alimenticias sin evidencia de documentos soporte, por un monto de RD$414,951,600. Inconsistencias en clasificación y registro del gasto, por un monto de RD$4,637,842. Factura con Número de Comprobante Fiscal inválido, por un monto de RD$3,713,861. Desembolsos mediante cheques no registrados y sin identificación de las cuentas contables afectadas, por un monto de RD$6,376,406. Desembolsos mediante cheques sin sello de la Unidad de Auditoría Interna (UAI), por un monto de RD$6,376,406. y facturas no canceladas con sello de pagado, por un monto de RD$24,323,668”.
De acuerdo con la investigación, encontraron “pagos registrados en la cuenta Alimentos y bebidas, por concepto de raciones alimenticias, depositados en cuentas de dos personas, por un monto de RD$330,292,355; Pagos a proveedores sin licencia para la distribución de combustibles, por un monto de RD$223,062,971; Tickets de combustibles entregados sin evidencias de recepción por parte de los beneficiarios, por un monto de RD$348,125,525.; Empresas distribuidoras de combustibles con duplicidad de domicilio; Pago de salarios a empleados y funcionarios que a la vez son socios de empresa proveedora de combustibles, por un monto de RD$10,627,505. Compra de combustibles sin evidencia del proceso de selección por un monto de RD$23,316,000. Tickets recibidos sin evidencia de una numeración previa del suplidor. Relación de entrega de combustibles sin identificación del beneficiario final por un monto de RD$2,814,000. Pagos de combustibles sin evidencia de relación de beneficiarios por un monto de RD$104,376,922. Pagos de servicio de Inteligencia no soportados ascendentes a RD$89,300,000 y RD$25,000,000.
La Cámara de Cuentas como ente auditor remite el documento a las autoridades para que procedan con las medidas pertinentes, en ocasión de las inobservancias e irregularidades detectadas en la investigación especial realizada Politur y Cestur, por el período comprendido entre el 1.° de enero de 2010 y el 31 de mayo de 2021; y del documento legal que expresa, que los principales funcionarios de la entidad, actuando en el desempeño de sus atribuciones y funciones, no observaron las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y normativas de cumplimiento obligatorio para los administradores de recursos públicos.
