SANTO DOMINGO . — El abogado penalista Valentín Medrano advirtió sobre los desafíos jurídicos que plantea el nuevo Código Penal dominicano y señaló que su aplicación debe garantizar un equilibrio entre la persecución del delito y la protección de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución.
Durante una entrevista en el programa “En Corto con Kalil Michel”, Medrano expresó preocupación por algunos aspectos de la reforma penal, entre ellos el aumento de determinadas sanciones y la necesidad de establecer procedimientos claros que permitan determinar responsabilidades sin afectar las garantías constitucionales.
El jurista sostuvo que una reforma penal de esta magnitud debe contar con mecanismos adecuados para evitar interpretaciones que puedan vulnerar derechos fundamentales. Indicó que la aplicación de la norma debe estar acompañada de criterios jurídicos precisos y respeto al debido proceso.
Medrano señaló como ejemplo el ejercicio médico, al considerar que los profesionales de la salud requieren criterios técnicos específicos para evaluar sus actuaciones antes de atribuir responsabilidades penales, debido a la complejidad de las decisiones que deben tomar durante su labor.
El abogado también manifestó inquietud por las disposiciones relacionadas con la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, al advertir que una interpretación amplia de las normas podría generar cuestionamientos para comunicadores que realizan labores de información y opinión pública.
El nuevo Código Penal dominicano, establecido mediante la Ley núm. 74-25, fue aprobado por el Congreso Nacional y promulgado en agosto de 2025 por el presidente Luis Abinader. La legislación entrará en vigencia el 3 de agosto de 2026, tras el período de vacatio legis de doce meses establecido en la propia normativa.
La reforma introduce cambios en el sistema de sanciones, incorpora nuevas figuras delictivas y modifica aspectos relacionados con la responsabilidad penal, lo que ha generado debates entre abogados, sectores profesionales y organizaciones sociales sobre su alcance y aplicación.
Medrano afirmó que las instituciones del Estado deberán actuar con cautela durante la implementación del nuevo Código Penal para garantizar el respeto a principios como la igualdad ante la ley, el debido proceso y la protección de los derechos ciudadanos.
