Partido Alianza País (AlPaís) ha visto dinamizar su oferta electoral de cara a las presidenciales, al contar con un aspirante presidencial que no es Guillermo Moreno, actual presidente de la organización y quien, por costumbre, suele ser la única oferta que presenta la organización.
El aspirante presidencial es Franc Rosario, un un líder empresarial y destacado activista de la sociedad civil.
Un parte de prensa indica que ha sido un abanderado de la lucha contra la corrupción y la impunidad y que desde la organización que preside, Sed de Justicia, ha promovido el envío a la cárcel de exfuncionarios acusados de desfalcar el patrimonio público.
Este martes, Rosario denunció que los recursos liberados por el Banco Central para dinamizar la economía no han llegado a manos de los pequeños productores ni de mypimes debido a una serie de trabas que ponen los bancos.
«Es altamente preocupante que las mipymes no han recibido ni un peso de los bancos y que se han encontrado con decenas de obstáculos para acceder a esos esos recursos que supuestamente iban destinados a reactivar la economía como anunció el gobierno», criticó Rosario.
El aspirante a la presidencia de la República por Alianza País y un frente progresista, dijo haber recibido denuncias de propietarios de pequeñas y medianas empresas que llegaron hasta firmar en los bancos los pagarés y nunca recibieron los desembolsos. Manifestó que existe una larga lista de espera en las entidades bancarias y nadie da información verídica a los interesados.
«El porcentaje de los 94,000 millones que aprobó la Junta Monetaria a principios de mes para préstamos de bajo intereses a pequeñas y medianas empresas, lo absorbieron las grandes empresas para liquidar deudas a intereses más altos, en complicidad con los principales bancos», explicó.
Se recuerda que en una nota de prensa enviada a los medios de comunicación en fecha 2 de junio del presente mes por el equipo de prensa de Franc Rosario, este había advertido esa situación y recomendó lo siguiente: «Es oportuna una medida que obligue a los bancos comerciales a implementar un mecanismo de control para evitar que empresas relacionadas o de gran tamaño acaparen los 34,000 millones destinados a las mipymes y a pequeños productores».
