En respuesta al impacto económico de la crisis en Medio Oriente y el alza histórica del petróleo, el presidente Luis Abinader anunció un agresivo plan de austeridad que busca liberar cerca de RD$40,000 millones.
La estrategia central consiste en un recorte drástico de los gastos operativos del Estado y una reducción del 50% en el presupuesto de los partidos políticos para blindar la estabilidad macroeconómica del país.
Durante el quincuagésimo séptimo Consejo de Ministros, las autoridades explicaron que este “sacrificio institucional” es necesario para contrarrestar el encarecimiento de la factura petrolera.
Según el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, cada incremento de US$10 en el barril de crudo representa un costo adicional de US$763 millones anuales para la República Dominicana.
El director de Presupuesto, José Rijo Presbot, detalló que el “tijerazo” alcanzará áreas no prioritarias con publicidad, viáticos y pasajes, adquisición de vehículos y eventos institucionales, combustible y contrataciones de servicios, y transferencias a organismos autónomos con capacidad de autogestión.
Por su parte, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, aseguró que el país cuenta con reservas superiores a los US$16,000 millones para amortiguar el choque.
El objetivo final de estas medidas es evitar que el aumento de costos internacionales se traduzca en un alza desmedida de la canasta básica y los alimentos, priorizando la inversión pública en los sectores más vulnerables de la población.
El un movimiento del presidente Abinader llega justo ante la volatilidad extrema provocada por el conflicto en Medio Oriente y la escalada en los precios del crudo, el Consejo de Gobierno activado un plan austero del que se esperan ya reacciones desde todos los ámbitos sociales.
El anuncio de liberar cerca de RD$40,000 millones no es solo una cifra contable, sino que esto representa un fondo de maniobra crucial para el gobierno de Abinader.
Asimismo, las medidas de austeridad, especialmente el recorte del 50% al presupuesto de los partidos políticos, suelen actuar como un catalizador de tensiones en el espectro político dominicano
Es casi seguro que los partidos de oposición, como la Fuerza del Pueblo y el PLD, además de otras organizaciones políticas, recurran a las altas instancias legales frente a estas medidas.
Reducir el presupuesto limitará su capacidad de fiscalización y de organización interna, lo que podría vulnerar el derecho a la libre asociación y la equidad electoral estipulada en la Ley 33-18.
