La contaminación del vertedero de Duquesa no solo está en la basura. Las evidencias de corrupción en la venta de sus terrenos, así como las irregularidades en el cumplimiento de los contratos de administración de ese botadero, han mantenido enfrentados en los tribunales a la empresa Lajun Corporation y a las alcaldías del Gran Santo Domingo.
Aunque los conflictos legales en torno a los contratos de administración del vertedero venían planteándose desde antes de 2012, su punto más crítico fue en el año 2017, luego de una crisis que se generó cuando la empresa Lajun restringió, en varias ocasiones, el vertido de desechos sólidos a algunos cabildos de municipios del Gran Santo Domingo.
El 12 abril 2017, el Ministerio de Medio Ambiente, dirigido en ese entonces por Francisco Domínguez Brito, intervino el vertedero. Utilizó el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) para garantizar el depósito de desechos sólidos y multó a Lajún al pago de 16 millones de pesos por violaciones a la ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00.
Negligencias estatales
Sin embargo, tras la intervención del Ministerio de Medio Ambiente en el vertedero, las fricciones se intensificaron. Lajun aseguraba ser la propietaria de las 1,392 tareas del terreno de Duquesa y alegaba que tenía los títulos de propiedad, por los cuales le habría pagado 82 millones de pesos al Consejo Estatal del Azúcar (CEA). En cambio, la Alcaldía de Santo Domingo Norte aseguraba que los terrenos eran del Estado dominicano.
Es en esas circunstancias que, en abril del 2017, el presidente de la Comisión de Contratos de la Cámara de Diputados, Héctor Feliz Feliz, afirmó ante la opinión pública que los terrenos ocupados por el vertedero de Duquesa fueron vendidos a la empresa Lajun Corporation por el CEA, pero sin la aprobación del Congreso Nacional, lo que hace la venta irregular.
Más adelante salió a relucir que las firmas de Congreso que le otorgan a Lajún los terrenos no son legales y se hicieron en una fecha en la cual no había legislatura.
Ese mismo mes, la Procuraduría General de la República informó que realizaba investigaciones para determinar con precisión la legalidad de los documentos que aluden las partes intervinientes en los terrenos del vertedero de Duquesa y cómo la empresa Lajun Corporation tomó posesión de las 1,392 tareas que ocupa esa instalación. Sin embargo, no accionó.
Pero el entonces alcalde de Santo Domingo Norte, René Polanco, no se quedó de brazos cruzados. Interpuso un recurso contencioso ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), el cual emitió una medida cautelar en septiembre 2017, quitando la administración a Lajun Corporation y designando una comisión provisional.
La decisión fue tomada por el juez Rafael Vásquez Goico, quien dispuso que la comisión conformada por el Ministerio de Medio Ambiente, que la lideraba, Salud Pública y la Alcaldía de Santo Domingo Norte también debía velar por salvaguardar la integridad del objeto del recurso administrativo principal. Esa comisión sigue administrando el vertedero actualmente.
