La vicepresidenta dominicana, Raquel Peña, dijo en un acto público que el país lo que hace es «defender nuestra soberanía».
Peña agregó que los organismos internacionales «pueden decir lo que ellos quieran decir», pero les exigió que «respeten la soberanía nacional y las políticas nuestras que nunca han ido en detrimento de los inmigrantes, no importa de dónde vengan».
«Nosotros tenemos que seguir firmes defendiendo la soberanía nacional y en eso nosotros estamos», enfatizó la vicepresidenta.
En un comunicado emitido ayer, AI subrayó «la necesidad urgente» de que las instituciones dominicanas «erradiquen el perfilamiento racial, el racismo estructural y la discriminación racial y garanticen el respeto a la dignidad humana e integridad física de personas migrantes haitianas y personas dominicanas de ascendencia haitiana».
Es crucial, destacó la organización, que «se establezcan políticas migratorias que garanticen el respeto a la dignidad y los derechos humanos de todas las personas».
Desde 2022 República Dominicana se ha convertido en el país que deporta más personas haitianas en movilidad, a pesar del llamado en noviembre de 2022 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a los Estados para detener los retornos forzados a Haití ante la situación en ese país, de acuerdo con la entidad.
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2023 fueron deportadas 208.166 personas haitianas, de ellas más de 20.000 adolescentes, niñas y niños, mientras que en lo que va de año, a pesar de la grave crisis en Haití, el Gobierno dominicano ha deportado a 98.594 personas, entre ellas más de 5.000 menores.
Amnistía Internacional «ha constatado que muchas de estas expulsiones han sido colectivas, violando el principio de no devolución y el derecho de asilo de las personas haitianas».
El inicio del nuevo Gobierno del presidente dominicano, Luis Abinader, «debe traer un compromiso irrestricto para superar los retos en materia de derechos humanos que hemos denunciado y documentado en estos últimos meses», apuntó la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer. EFE
