El abogado y político Guido Gómez Mazara solicitó este lunes a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) que investigue el aumento del patrimonio del candidato presidencial Gonzalo Castillo durante su gestión como ministro de Obras Púbicas.
Según Gómez Mazara, en el periodo en el que Castillo estuvo al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (agosto 2012-julio 2019), su patrimonio aumentó un 518 %, según se desprende de su declaración jurada de bienes, afirmó en un vídeo publicado en redes sociales tras presentar su solicitud en el Pepca.
Para el exconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, este “hecho sin precedentes” supone un “desarrollo de su emporio financiero que no guarda proporción con los niveles de racionalidad y avance empresarial” para esos siete años.
Por eso, el desarrollo de las empresas del aspirante a la jefatura de Estado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y las relaciones sostenidas con instituciones gubernamentales “merecen una evaluación conforme al ordenamiento legal” y en virtud “de las limitaciones propias de la función pública”, apuntó en un comunicado de prensa.
Ve no hay precedentes
Gómez Mazara, quien en marzo se juramentó en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) tras abandonar al Partido Revolucionario Dominicano (PRD), dijo que en la historia política del país “no existen precedentes de relación cuasi monopólica de negocios relacionados con funcionarios públicos que con tanta facilidad obtengan financimamientos astronómicos en el Banco de Reservas”.
Asimismo, denunció la transformación, vía Junta Monetaria, de un instructivo de formalización, registro y control de garantías” que permitió que las aeronaves constituyeran “garantías” de préstamos en el sistema financiero formal.
En este sentido, señaló “la gravedad de que un miembro de la Junta Monetaria, siendo socio de Gonzalo Castillo con un 13.17 % de acciones en Helidosa, actuara en el organismo que facilitó el cambio en las reglas de juego dentro del sistema bancario del país”.
Contratos con oficinas del gobierno
También señaló que las empresas de Castillo tienen contratos en Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), Tribunal Superior Electoral (TSE), Ministerio de Educación, Contraloría, Aduanas, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Armada Dominicana.
A este respecto, apunto a “la mayoría de esas relaciones se desarrollaron en el marco de la condición de ministro de Obras Públicas”, lo que “constituye un posicionamiento privilegiado” frente a sus competidores a la hora de acceder a relaciones con el Estado.
Así, para Gómez Mazara, el exministro habría incurrido en “delitos como enriquecimiento ilícito, falsedad en declaraciones juradas de patrimonio, lavado de activos” y la violación de las Leyes 311-14,115-17 y el 146 de la Constitución.
Relaciones financieras con el Banco de Reservas
Gómez Mazara advirtió de que las empresas del grupo empresarial asociado a Castillo tienen de común denominador estar ancladas en sus relaciones financieras al Banco de Reservas.
Por eso, Helidosa, Aeroambulancia y su proyecto hotelero Perla del Sur aparecen como clientes de la institución, habiendo recibido la primera de ellas, en el marco del ejercicio de Castillo como ministro de Obras Públicas, préstamos que rebasan los 1,600 millones de pesos, afirmó.
En noviembre de 2019, el candidato oficialista a la Presidencia ya fue objeto de denuncias por supuestas irregularidades cuando estuvo al frente del Mopc, relativas a la aprobación de unos contratos en su gestión previa a las elecciones primarias del 6 de octubre, acusaciones que el propio Castillo solicitó que se investigaran.
