La Junta Central Electoral (JCE) aprobó y publicó este viernes el nuevo reglamento que regula el registro de las firmas encuestadoras y la divulgación de encuestas en materia electoral, estableciendo controles más estrictos para garantizar la transparencia, la equidad y el rigor técnico durante los procesos electorales.
Entre las disposiciones más relevantes figura la prohibición de publicar o difundir encuestas con fines electorales fuera de los períodos legales de precampaña y campaña, una medida con la que el organismo busca evitar la promoción política anticipada y posibles ventajas indebidas para aspirantes o partidos.
El reglamento establece que todas las empresas que deseen realizar encuestas electorales deberán registrarse previamente ante la JCE y obtener una habilitación oficial. Para ello tendrán que presentar documentación corporativa, información sobre accionistas, directivos y el personal técnico responsable de los estudios.
Asimismo, las encuestas que sean publicadas deberán incluir información detallada sobre la metodología utilizada, el tamaño de la muestra, margen de error, nivel de confianza, ámbito geográfico, fecha de realización, preguntas formuladas y el número de registro otorgado por la JCE.
Otro aspecto destacado es la regulación de las encuestas a boca de urna (Exit Poll). Las empresas interesadas deberán notificar a la Junta Central Electoral con al menos ocho días de antelación a la celebración de los comicios. Además, estarán obligadas a entregar los resultados al organismo electoral antes de hacerlos públicos.
La normativa también contempla sanciones severas para quienes incumplan las reglas. Las firmas que publiquen encuestas durante los ocho días previos a las elecciones podrán enfrentar multas de entre uno y 200 salarios mínimos. De igual forma, las empresas no registradas que divulguen estudios electorales serán objeto de sanciones y aquellas que reincidan podrían perder definitivamente su habilitación.
Además, la JCE dispuso que las encuestadoras ya registradas tendrán un plazo de 30 días laborables para actualizar sus expedientes, mientras que posteriormente deberán renovar esa información cada año para conservar su autorización.
El organismo electoral argumentó que estas medidas buscan fortalecer la credibilidad de las encuestas, garantizar la igualdad de condiciones entre los actores políticos y evitar que estudios de opinión sean utilizados como herramientas de campaña fuera de los plazos establecidos por la ley.
