El populismo penal, el uso excesivo de la prisión preventiva, el aumento de las penas y las políticas de «mano dura» no constituyen respuestas eficaces para reducir la delincuencia y pueden terminar debilitando las garantías fundamentales, advirtieron este martes juristas nacionales e internacionales reunidos en el VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional.
Los especialistas plantearon que la respuesta frente al crimen debe descansar más en la prevención, la capacidad investigativa y la inteligencia de las instituciones que en el endurecimiento de las penas o el encarcelamiento como solución predominante.
El jurista dominicano Francisco Álvarez sostuvo que las deficiencias de las instituciones han provocado que distintas partes del sistema recurran a respuestas extremas para intentar compensar problemas que no han podido solucionar.
«La Policía los mata en la calle y el tribunal los manda a prisión preventiva. Como los sistemas no están coordinados y cada uno por sí solo no funciona, cada institución cree que tiene que asumir la postura que le parece para resolver el problema», afirmó.
Álvarez vinculó también el uso excesivo de la prisión preventiva con las dificultades del sistema para localizar a quienes se sustraen de los procesos y sostuvo que mantener al imputado encarcelado termina convirtiéndose en una forma de garantizar que el expediente pueda continuar.
Advirtió, sin embargo, que tampoco el aumento de las penas constituye por sí mismo una respuesta a la criminalidad. «Ninguna norma puede garantizar que se va a controlar la delincuencia. No deberíamos enfocar nuestras esperanzas en un código que condena a 60 años, sino en qué están haciendo las instituciones para prevenir el delito y hacer investigaciones sólidas«, expresó.
La alternativa a la «mano dura»
El jurista argentino Alberto Binder planteó que enfrentar las nuevas formas de criminalidad requiere fortalecer la inteligencia y la planificación de la persecución penal.
«Enfrentar la criminalidad moderna requiere inteligencia, porque del otro lado hay gente inteligente que piensa. Hay que parar la pelota y mirar el campo para planificar una persecución penal estratégica«, sostuvo.
Binder cuestionó las propuestas que presentan soluciones inmediatas frente al crimen mediante un mayor ejercicio del poder punitivo. «Quien sostenga que la seguridad se resuelve de un plumazo diciendo ´el que la hace la paga´, se está engañando y está engañando a la sociedad», afirmó.
En una línea similar, el catedrático español Manuel Cancio Meliá sostuvo que se atribuyen al derecho penal capacidades que realmente no posee para solucionar fenómenos complejos de criminalidad.
«Le atribuimos al derecho penal un poder mágico del que carece. Subir la pena por crimen organizado a 2,000 años no resuelve el problema», expresó.
Ambos especialistas utilizaron el caso de El Salvador para cuestionar los modelos de «mano dura». Binder consideró que el modelo impulsado por Nayib Bukele constituye propaganda y advirtió sobre los riesgos de utilizar situaciones de emergencia para debilitar el Estado de derecho. Cancio Meliá cuestionó, por su parte, las restricciones generalizadas de garantías procesales como mecanismo para enfrentar la criminalidad.
Exceso de prisión preventiva
La jurista Emery Colomby Rodríguez sostuvo que se ha exagerado en la imposición de prisión preventiva, pero rechazó que esto ocurra porque las demás medidas de coerción sean necesariamente ineficaces.
A su juicio, las autoridades no han desarrollado mecanismos suficientes para comprobar que las medidas alternativas a la cárcel sean cumplidas. «No podemos abandonar las garantías, porque si abandonamos las garantías, entonces el Estado se va a convertir completamente en un caos», advirtió.
El exjuez constitucional peruano Gerardo Eto Cruz también cuestionó el encarcelamiento preventivo sin una justificación individualizada y sostuvo que «cuando un juez dispone prisión preventiva sin necesidad ni proporcionalidad, está violando abiertamente el bloque de convencionalidad y de constitucionalidad».
Populismo penal
El constitucionalista dominicano Eduardo Jorge Prats centró su intervención en el populismo penal y describió a República Dominicana como un «gran laboratorio de anatomía patológica» de ese fenómeno.
Jorge Prats atribuyó esa situación a lo que denominó una «alianza diabólica» entre prensa, redes sociales, justicia, Policía y fiscales que, según su valoración, favorece condenas anticipadas y juicios paralelos.
También cuestionó la presión que, a su juicio, existe alrededor de las decisiones sobre prisión preventiva. «A nadie lo botan de la carrera judicial por mandar a la cárcel a un inocente, sino por exonerar de responsabilidad o no privar de la libertad a un ciudadano», afirmó.
Eto Cruz abordó igualmente lo que denominó «populismo penal mediático» y advirtió que la televisión y las redes sociales pueden generar una justicia paralela que estigmatiza y condena antes de que concluya el proceso judicial.
Las intervenciones corresponden a la segunda jornada del VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, organizado por el Tribunal Constitucional y dedicado este año al debido proceso en materia penal. El encuentro concluye este miércoles.
