La descongestión de las cárceles durante el Estado de emergencia se quedó en palabras. De los más de 26 mil internos en las cárceles del país, menos de mil fueron favorecidos con la libertad o le cambiaron la modalidad de la prisión por arresto domiciliario, de acuerdo con estimaciones de datos judiciales.
Para la abogada Adalquiris Lespín, esta situación se produjo debido a una falta de la Procuraduría General de la República (PGR), pero también del Poder Judicial. Entiende que los fiscales no atendieron el llamado que hizo el procurador, Jean Alain Rodríguez, de solicitar variación de la prisión por arresto domiciliario a las personas con condiciones de salud de gravedad y que sobrepasen los 60 años.
En cuanto al Poder Judicial, consideró que el fallo estuvo en que muchos jueces se declaraban incompetentes de conocer las solicitudes de variación de prisión que estaban haciendo los abogados privados que actuaron ante la falta de disposición del Ministerio Público
Entiende que los jueces se declaraban incompetentes porque no tuvieron respaldo de la presidencia del Poder Judicial para emitir sus decisiones sin miedo a futuros cuestionamientos. “Es por eso que casos de poca monta que pudieron tener una decisión favorable, no se resolvieron”, argumentó.
Mientras que la abogada y catedrática universitaria, Emery Rodríguez, entiende que hay una falta de voluntad de los principales actores de justicia para que se resuelva el problema de la sobrepoblación carcelaria.
Critica el hecho de que durante el actual estado de emergencia, a pesar de la resolución de la Procuraduría para que los fiscales soliciten cambios de prisión por arresto domiciliario, los miembros del Ministerio Público hicieron todo lo contrario, ya que nunca han dejado de pedir prisión preventiva en sus sometimientos.
También deploró lo difícil de la tramitación burocrática para conseguir la documentación necesaria para las solicitudes, lo que generaba que muchos jueces rechazaban las pretensiones de los abogados privados.
Para el magistrado presidente la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Rafael Báez García, hay una necesidad imperante de descongestionar las cárceles debido a que estas son lugares donde hay muchas posibilidad de transmisión del coronavirus y no se sabe cuándo terminará la pandemia.
Propuso que se debe realizar un censo nacional penitenciario para clasificar y tabular todos los datos, luego determinar cuáles son las personas que están presas por delitos menores, los más vulnerables por su edad y las que están presas por los delitos más graves. Entiende que eso permitiría buscarle una salida rápida en los casos menores.
