El director general de Minería, Rolando Muñoz Mejía, afirmó que todo proyecto extractivo debe traducirse en desarrollo económico y social duradero para las comunidades donde opera.
“Cuando termine la operación minera en la zona; la gente tendrá estructura económica sostenible para seguir viviendo”, expresó Muñoz Mejía.
Consideró esencial transformar los recursos no renovables en oportunidades reales para los territorios impactados, más allá de la actividad extractiva.
Durante su intervención en el programa Voces Sostenibles, producido por Elizabeth Mena y Peter Read, Muñoz Mejía defendió la necesidad de revisar la Ley Minera 146-71, para incluir artículos que otorguen participación directa a las comunidades en los beneficios económicos.
“La ley minera que tenemos; necesita tener artículos donde le dé participación en la operatividad económica a las comunidades”, puntualizó.
Explicó que toda concesión minera exige estudios rigurosos y planes ambientales avalados por el Ministerio de Medio Ambiente, y rechazó que la minería formal sea una amenaza al agua o al entorno.
Por su parte, sostuvo que las provincias con operaciones mineras registran altos niveles de cobertura boscosa, empleo y actividad económica.
“Tenemos más de 1,600 trabajadores y el salario promedio es de 61,000 pesos”, destacó.
Además, Muñoz defendió el uso del agua en la minería, al indicar que los sistemas actuales permiten reutilizar más del 95 % del líquido. “La industria minera en el mundo entero y nosotros no somos la excepción, demanda menos de un 1 % del agua”, precisó.
Finalmente, instó a revisar la ley para garantizar que las comunidades impactadas reciban beneficios tangibles y afirmó que no se debe continuar permitiendo que se paguen miles de millones de pesos al Estado sin que esos recursos lleguen directamente a las provincias afectadas
