El Poder Ejecutivo depositó este martes ante el Senado de la República dos proyectos de ley orientados al fortalecimiento institucional y la modernización del marco jurídico nacional: la creación de la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental (DIGITEG) y la modificación del artículo 1 del Código Civil dominicano.
La primera iniciativa, presentada por la directora general de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, junto al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Jorge A. Subero Isa, propone la creación de la DIGITEG como un órgano autónomo y descentralizado del Estado que sustituirá a la actual Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).
El proyecto busca consolidar un nuevo modelo institucional para dirigir el Sistema Nacional de Transparencia e Integridad Pública y fortalecer las políticas de ética pública, prevención de la corrupción, acceso a la información, gobierno abierto y protección de datos personales.
La propuesta establece que la nueva entidad tendrá independencia administrativa, funcional, financiera, organizativa y técnica, además de facultades para recibir denuncias, realizar investigaciones sobre posibles incumplimientos administrativos o faltas éticas y coordinar acciones de integridad dentro de las instituciones públicas.
Entre sus disposiciones también figura la creación de Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo, la obligación de funcionarios y servidores públicos de presentar declaraciones de conflictos de intereses y un régimen de sanciones administrativas que incluye amonestaciones, suspensión, multas, destitución e inhabilitación temporal para ocupar cargos públicos.
Asimismo, el proyecto reconoce compromisos internacionales asumidos por República Dominicana en materia de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción.
En una segunda iniciativa, el presidente de la República, Luis Abinader, a través del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, sometió un proyecto de ley para modificar el artículo 1 del Código Civil dominicano.
La propuesta busca igualar el plazo para la entrada en vigencia de las leyes en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, al considerar que ambas demarcaciones funcionan en la práctica como una misma zona de interacción económica, educativa, laboral y social.
El proyecto plantea que mantener una diferencia de un día en la aplicación de las leyes genera desigualdad y afecta la seguridad jurídica de los ciudadanos.
Además, incorpora el reconocimiento de la publicación electrónica oficial de las leyes con el mismo efecto jurídico que la publicación impresa, como parte del proceso de modernización normativa y fortalecimiento del acceso ciudadano a la información.
Ambos proyectos pasarán ahora al proceso legislativo correspondiente para su estudio y conocimiento en el Senado de la República.
