l titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, mostró satisfacción luego de abandonar la sala de audiencias de Atención Permanente del Distrito Nacional con el dictamen de 18 meses de prisión preventiva a siete de los implicados en el CASO PANDORA.
«Traicionaron su uniforme, la institución y el país», dijo Camacho con relación a los agentes implicados en la acusación de sustraer proyectiles de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional.
Afirmó estar satisfecho con la decisión adoptada por el tribunal, así como de la forma en que la jueza Fátima Veloz valoró la gravedad de los hechos en un proceso que recibe la calificación de «complejo», acogida por la magistrada ante los pedimentos de los fiscales.
El coronel Narciso Antonio Féliz Romero, que tenía a su cargo la custodia de municiones; el subintendente Juan Miguel Pérez Soler; el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio; el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (Escobar) y Moreibín Medina, guardarán prisión preventiva de dieciocho meses en el Centro Militar de Operaciones Especiales.
Por su lado, sobre el auditor Víctor Manuel Santos recaerá la garantía económica de tres millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país, lo mismo que para el sargento mayor Miguel Angel Gómez Espaillat, aunque con la variación de garantía económica limitada a dos millones.
La imputada y civil Miguelina Bello Segura tendrá arresto domiciliario, en vías de que se mantenga dentro del proceso.
Esta entabló un acuerdo anunciado por el Ministro Público, el cual su abogado defendió calificándolo de «conversaciones».
Asimismo, los fiscales recibieron un plazo de ocho meses para levantar pesquisas y presentar nuevas pruebas vinculadas al expediente.
