Por: Luis Encarnación Pimentel
De entrada, estamos de acuerdo con la formalización u organización en todos los aspectos de la vida. Y, por demás, con que todos los ciudadanos y empresas de distinto tamaño paguen los respectivos impuestos establecidos por la ley. Claro, mientras estos últimos, siempre odiosos, no resulten traumáticos, impagables y que, por lo mismo, empujen al contribuyente responsable y bien intencionado a una crisis que no pueda manejar y finalmente a la quiebra. Es sabido que el Estado y gobierno de turno necesitan grandes recursos para emprender las obras públicas que el país requiere para continuar su desarrollo, generalmente demandadas con urgencia por los propios representantes oficiales y lugareños en la geografía nacional. El que se diligencien los recursos indispensables es una cosa, y el que estos se busquen a costa de que un montón de pequeñas empresas y negocios medianos se vean obligados a cerrar sus puertas y desaparecer, es otra muy distinta, grave, penosa, que amerita ser analizada por cabezas reflexivas, para que cada medida o norma impositiva se mida y se mire con la vara de la realidad cruda y prudencia madura, no con y desde una óptica que priorice la recaudación.
En la práctica, y de modo recurrente, lo último es lo que parece primar. Sin importar ni cuantificar las puertas que se cierren y empleos que se pierden que han sido y siguen siendo muchos, dejando en la inopia a cientos de familias y miles de personas en el país. Desde esa mira fiscalista y del técnico cuadrado, nada político ni realista, simplemente se mata la gallina de los huevos de oro. Al final, ni el oro ni la gallina. Solo daño sin provecho. Además de un anticipo que no se acaba de quitar y de recargos sobre cargos entre otros, en los que hay poco espacio a reclamos valederos, la DGII siempre tiene un tema nuevo que inquieta.
Como el del cobro igual e injusto por desechos sólidos a pequeñas empresas, con respecto a las grandes y a las que producen los materiales basura. Y el más reciente, de la factura electrónica, para lo que por lo impráctico y difícil de cumplir para micro, pequeñas y medianas empresas ha dado una prórroga de seis meses, a partir del 15 de mayo en curso, bajo amenaza de que, vencido el plazo, los contribuyentes que no hayan implementado el sistema, que implica adquirir equipos y agregar pago mensual o anual por servicios, “incurrirán en infracciones tributarias, sujetas a las sanciones establecidas en la Ley 32-23”. Muy sencillo (¿). Ojo, presidente: apunte un seguro aumento de la informalidad y el cierre de micro y pequeñas empresas. O sea, el efecto contrario
