Por: Leonardo Gil
En República Dominicana, como en cualquier democracia, los partidos políticos juegan un papel fundamental en la estructuración del sistema político y en la representación de los intereses de la ciudadanía, el fortalecimiento de estas instituciones detiene cualquier intento de mesianismo aventurero, duchos en definir problemas, pero incapaces de resolver ninguno.
Pero en los últimos años, se ha experimentado un creciente desencanto hacia los partidos políticos, que se ve agravado por dos factores clave: la falta de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los fondos públicos, y las constantes violaciones a la ley electoral. Estos comportamientos, lejos de fortalecer la democracia, han generado una profunda desafección en la sociedad, minando la confianza en las instituciones y en los actores políticos.
Uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia es la transparencia en el uso de los recursos públicos. Sin embargo, en la República Dominicana, los partidos políticos han sido recurrentemente cuestionados por la opacidad en el manejo de los fondos que reciben del Estado. A pesar de que la ley establece mecanismos de control y auditoría, en la práctica, estos procesos suelen ser opacos o insuficientes, lo que genera dudas sobre el destino real de los recursos.
Otro factor que contribuye a la desafección política es la recurrente violación de la ley electoral por parte de figuras que anuncian aspiraciones presidenciales antes del plazo establecido y otras veces por la forma en que los partidos escogen sus autoridades y candidatos. La Ley Electoral Dominicana establece un calendario claro para la escogencia de nuevas autoridades dentro de los partidos y para la presentación de candidaturas, con el objetivo de garantizar un proceso ordenado y equitativo. Sin embargo, es común observar que algunos líderes políticos ignoran estas disposiciones y lanzan sus campañas de manera prematura, generando una competencia desigual y deslegitimando el proceso electoral.
Estas prácticas no solo reflejan un desprecio por la normativa vigente, sino que también envían un mensaje negativo a la ciudadanía: que las reglas no aplican para todos por igual. Este comportamiento, sumado a la impunidad con la que suele ser tratado, refuerza la idea de que los partidos políticos y sus líderes operan por encima de la ley, lo que profundiza el distanciamiento entre la clase política y la sociedad.
Para revertir esta tendencia, es imprescindible que los partidos políticos asuman un compromiso serio con la transparencia y el respeto a la ley. Esto implica no solo cumplir con las normativas existentes, sino también adoptar prácticas que fomenten la rendición de cuentas y la participación ciudadana. La implementación de mecanismos de auditoría independiente, la publicación detallada de los gastos y la apertura a la supervisión ciudadana son pasos necesarios para recuperar la confianza perdida.
Asimismo, es fundamental que las autoridades electorales y judiciales actúen con firmeza frente a las violaciones de la ley electoral. La impunidad no puede ser la norma, y es responsabilidad del Estado garantizar que todos los actores políticos, sin excepción, respeten las reglas del juego democrático. La Junta Central Electoral (JCE), como órgano rector del sistema electoral, debe ser firme en la aplicación de las sanciones correspondientes y en la promoción de una cultura de respeto a la ley.
El momento de actuar es ahora, antes de que el distanciamiento entre la clase política y la ciudadanía se convierta en una brecha insalvable.
