Por. Luis Encarnacion Pimentel
En teoría, porque en la práctica no ocurre así y la ley que lo dispone hasta ahora ha sido letra muerta, fiscales y procuradores deberían devengar un salario igual a sus pares en la judicatura. Es una vieja aspiración y un justo reclamo que, de nuevo, el Ministerio Público como representante la sociedad y responsable de llevar la acusación en el sector justicia han vuelto a poner de manifiesto. Sin pretender papeles de sindicalistas, sino en un plano de determinado optimismo, fiscales y procuradores dirigen la mirada esta vez y cifran las expectativas de solución a sus viejas demandas de mejoría salarial y de condiciones de trabajo en la persona del presidente de la República, Luis Abinader, a la luz de su discurso de reafirmar la “independencia del Ministerio Público”.
No podría haber ni pensarse, jamás, en altos niveles de “independencia” de los integrantes de ese importante brazo del sistema judicial, si el grueso de sus miembros es, emocional y económicamente, “dependiente” de sus miserias y carencias evidentes en distintas órdenes, como de un seguro que, de verdad, le cubra sus necesidades médicas, y de una pensión digna a la hora de su retiro. Y ni hablar de la indefensión de que son presa, en la mayoría de los casos, fiscales y procuradores que en su rol de defender a las víctimas tienen que lidiar y pedir condenan para imputados de crímenes y delitos de toda calaña, sin pensar en riesgos ni en consecuencias personales. Eso solo, desde hace tiempo, debió ser objeto de una mayor atención y de un trato especial para todos los responsables de procurar e impartir justicia, fiscales, procuradores y jueces.
Como el reclamo- aun no satisfecho- es viejo, el presidente Abinader pudiera llevarse las palmas, si dispone al área presupuestal del Ejecutivo buscar una salida y darles una buena noticia a los magistrados a propósito del nuevo año, ya al doblar la esquina. Aunque lo haya pensado o estuviera en sus planes institucionales, se sabe que el tema de las reivindicaciones o compensaciones, que es económico-presupuestal, no está en manos de la Procuradora General Miriam Germán, pero, de conseguirse, sería una buena despendida para ella. ¡Manos a la obra, presidente!! Como diría un defensor ante el juez:” ¡Y haréis justicia, magistrado!”.
