La Fiscalía y su papel en la democracia venezolana

La Fiscalía de Venezuela anunció este miércoles una investigación, por “conspiración” y otros delitos, de la página web donde la oposición mayoritaria asegura tener publicado el 83,5 % de las actas de las presidenciales del 28 de julio, que evidencian, según este sector antichavista, el triunfo de su abanderado, Edmundo González Urrutia, pese a que el ente electoral declaró ganador a Nicolás Maduro.

Según un comunicado difundido en X por el fiscal general, Tarek William Saab, se trata de “documentos forjados” con los que la oposición mayoritaria -agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- pretende “usurpar funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE)”.

“Se decidió iniciar una investigación de carácter penal contra los responsables de la publicación y mantenimiento de dicha página, por los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia a las leyes, delitos informáticos, asociación y conspiración”, indicó la Fiscalía.

Sin embargo, numerosos venezolanos que han ejercido como miembros y testigos de mesa afirman haber comprobado los resultados en esta plataforma y han confirmado la veracidad de la data, tras realizar la lectura del código QR, frente a las mostradas por José Brito -diputado y candidato a las presidenciales que se define como “opositor”- durante una entrevista en el canal de televisión nacional Globovisión que -aseguran- fueron falsificadas.

De acuerdo con el portal de la PUD, González Urrutia obtuvo 7.303.480 votos, mientras que Maduro 3.316.142, resultados basados en las actas que el bloque dice haber obtenido gracias a testigos electorales y miembros de mesa.

Entretanto, el CNE, en su segundo y, de momento, último balance -leído el pasado viernes-, indicó que Maduro fue reelegido para un tercer sexenio consecutivo en el poder con 6.408.844 apoyos, mientras que González Urrutia reunió 5.326.104, con el 96,87 % de las actas escrutadas, que el ente comicial no ha publicado, como indica la normativa legal.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lleva a cabo, a petición de Maduro, una investigación para “certificar” el resultado, para lo que citó, entre otros, a los 10 excandidatos, de los cuales González Urrutia rechazó asistir este miércoles por considerar que el procedimiento no se corresponde con ningún proceso contemplado en la legislación y supone una “violación al debido proceso”.

El presidente del CNE, el chavista Elvis Amoroso, entregó el lunes las actas de escrutinio de las presidenciales al TSJ, sin haberlas publicado aún, así como las de adjudicación y proclamación de Maduro como mandatario reelecto, según el canal estatal VTV.

El Centro Carter, que participó como observador, manifestó que el proceso “no se adecuó” a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que “no puede ser considerada como democrática” ya que -dijo- la falta de resultados desglosados “constituye una grave violación de los principios electorales”. EFE

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