La supervivencia de decenas de partidos y movimientos políticos minoritarios en República Dominicana vuelve a quedar bajo escrutinio, mientras el Tribunal Superior Electoral (TSE) se encamina a conocer el próximo 25 de agosto la situación jurídica de 33 organizaciones cuya personería jurídica está en juego.
El caso adquiere una dimensión económica debido a que, mientras se define su permanencia en el sistema político, estas organizaciones continúan beneficiándose del financiamiento público destinado a los partidos reconocidos. Para 2026, el presupuesto contempla RD$1,620 millones para las organizaciones políticas, y el grupo de 33 recibiría en conjunto aproximadamente RD$129.6 millones, equivalentes a unos RD$3.93 millones por organización.
La interrogante central es hasta dónde puede prolongarse el reconocimiento legal de agrupaciones que, en determinados procesos electorales, han obtenido niveles de votación reducidos y cuya permanencia puede estar vinculada a mecanismos como las alianzas electorales, interpretaciones administrativas y decisiones de los órganos jurisdiccionales.
El punto de partida está en la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, cuyo artículo 75 contempla diferentes circunstancias que pueden conducir a la pérdida de la personería jurídica. Entre ellas se encuentra el incumplimiento de los niveles de votación establecidos por la legislación electoral.
La controversia adquiere mayor complejidad cuando se analiza la representación obtenida. La normativa también contemplaba como causal de extinción del reconocimiento la ausencia de representación congresual o municipal, lo que coloca en el centro del debate la relación entre votos obtenidos, cargos electivos, alianzas y permanencia jurídica.
Una discusión que va más allá de los votos
El fenómeno revela una particularidad del sistema político dominicano: obtener una votación limitada en las urnas no necesariamente significa desaparecer inmediatamente del escenario electoral.
Las alianzas pueden convertirse en un mecanismo determinante para la supervivencia de organizaciones pequeñas. Un partido que por sí solo tendría dificultades para alcanzar determinados niveles de votación puede participar en acuerdos electorales con organizaciones de mayor peso y, dependiendo de la interpretación de las normas aplicables y de las decisiones de las autoridades electorales y tribunales, mantener su reconocimiento.
Esto plantea una pregunta de fondo: ¿debe el financiamiento estatal estar vinculado exclusivamente al desempeño electoral individual de cada organización o deben considerarse también los resultados obtenidos mediante alianzas?
La respuesta tiene consecuencias directas sobre el uso de recursos públicos.
RD$1,620 millones bajo observación
El financiamiento político constituye una de las principales herramientas mediante las cuales el Estado garantiza la participación de las organizaciones reconocidas. Sin embargo, cuando una parte de esos recursos llega a agrupaciones cuya personería está siendo cuestionada, el debate deja de ser exclusivamente jurídico y pasa también al terreno de la eficiencia y fiscalización del gasto público.
Los RD$129.6 millones destinados al conjunto de las 33 organizaciones representan una porción del presupuesto político nacional que continuará siendo observada mientras el TSE determina cuáles cumplen las condiciones para permanecer formalmente reconocidas.
La decisión del tribunal, por tanto, podría tener repercusiones que trasciendan la situación particular de cada partido o movimiento. También podría contribuir a definir cómo deben interpretarse las reglas sobre votación mínima, representación, alianzas y conservación de la personería jurídica.
El desafío institucional
El debate enfrenta dos principios: por un lado, el derecho de las organizaciones políticas a participar en democracia y recibir el respaldo establecido por ley; por otro, la necesidad de que el sistema garantice que los recursos públicos sean destinados conforme a criterios objetivos y transparentes.
La decisión prevista para el 25 de agosto será seguida con especial atención porque puede establecer un precedente sobre la permanencia de organizaciones minoritarias dentro del sistema político dominicano.
Más allá de cuántos partidos sobrevivan al proceso, el caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que permanece abierta: ¿cuál debe ser el límite entre la pluralidad política que el Estado está obligado a proteger y la permanencia de organizaciones que no logran demostrar un respaldo electoral suficiente?
La respuesta del TSE podría determinar no solo quién conserva su personería jurídica, sino también cómo continuará distribuyéndose una parte importante de los recursos que los contribuyentes destinan cada año al financiamiento de la actividad política nacional.
