La Operación Nido, en contra de Emmanuel Rivera, cabecilla de la red dedicada a estafar personas con ofertas inmobiliarias, utilizaba nombres de personas reconocidas para hacer creer a las víctimas que estaba protegido por personalidades a quienes realmente desconoce.
Las victimas indicaron, que cuando reclamaban varios de ellos eran amenazados e intimidados por el cabecilla de la red quien los desafiaba a ir a la justicia, instancia en la que, según pregonaba, las víctimas saldrían sin lograr nada.
A raíz de la investigación, el imputado Emmanuel Rivera Ledesma inició una serie de maniobras con el objetivo de que las víctimas no se querellaran en su contra o retiraran las querellas ya presentadas.
También buscó que las víctimas le firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones tendentes a obstruir el proceso de investigación, lo que evidencia que el imputado y otros miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir evidencias y ser una amenaza clara para las personas estafadas.
La mayoría de los afectados son personas trabajadoras que con sacrificios aportaron importantes cantidades de dinero para adquirir una vivienda que nunca recibieron.
El Ministerio Público arrestó a Rivera y otros integrantes de la red, que ha arrojado al menos 144 víctimas las cuales han presentado querellas o denuncias ante el Ministerio Público.
En el despliegue de la Operación Nido, iniciada la madrugada de este miércoles y todavía en proceso, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron veinticinco (25) allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.
Un total de 170 policías y 28 fiscales procedieron a ejecutar las órdenes de requisas y arrestos en contra de los objetivos de la investigación, al tiempo que ocuparon evidencias vinculadas al caso.
La red criminal utilizó los vehículos societarios Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, el Grupo Wimar, SRL y Auto Xperts AFM SRL, a través de las que crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.
