El dirigente opositor Guido Gómez Mazara solicitó de manera formal al Pepca que investigue las operaciones por 655 millones de pesos que supuestamente realizó la compañia Electromedica con el Instituto Nacional de Asistencia Integral Para la Primera Infancia (INAIPI) y con el Ministerio de Obras Públicas para el Programa Nacional de Asfaltado.
Gómez Mazara explicó que “la operación realizada por Electromédica es el prototipo de violación al ordenamiento legal que resulta inobservado por las autoridades debido a la relación de carácter politica entre la compañía suplidora y las autoridades oficiales del sector salud”.
Dijo que la violación a las leyes 41-08 de Función Pública y 340-06 sobre Compras y Contrataciones limitan perfectamente operaciones entre funcionarios con acciones en compañias privadas y entidades gubernamentales.
“Los escándalos conocidos en el marco de los últimos meses en que se relacionan funcionarios, compañias suplidoras, precios abultados y colindancias partidarias representan una de las múltiples modalides de acumulación que han construido riquezas inmensas en el marco de niveles de complicidad alarmante que las autoridades del Ministerio Público deben de responder sin que el momento electoral paute el ritmo de respuestas institucionales en capacidad de satisfacer la sed de justicia en la ciudadanía y afán por sanciones penales responsables”, declaró.
Advirtió que en los casos de INAIPI y Plan Nacional de Asfaltado se repite el esquema de ventajas financieras, desprecio del marco legal y convencimiento de que el factor político garantiza niveles de impunidad porque los beneficiarios de los procedimientos están asociados con instancias de poder, y la actual situación de emergencia alrededor de la crisis sanitaria facilita “piruetas éticas” que serán toleradas por la sociedad.
“En el caso de Electromédica, la actual directora de INAVI aparece como una de las principales accionistas de la compañía que suple a instituciones del sector salud”, indicó.
Agregó que “en el INAIPI, la confesión de un empresario respecto de solicitud de 30 millones para facilitar una operación en la entidad y muchos beneficiarios del programa de asfaltado asociados a movimientos y cenas de recaudación a favor del candidato del PLD (Gonzalo Castillo) revelan un esquema que debe ser denunciado y sus responsables procesados”.
Explicó que introdujo nuevos elementos a los expedientes de INAIPI y Plan Nacional de Asfaltado porque el ordenamiento procesal permiten sumar piezas de vital importancia en toda la etapa de investigación frente al convencimiento de que las colindancias en ambos casos con el poder político generan la sensación de tratos blandos y cómplices en toda la etapa de investigación.
Reiteró que su acción ante el PEPCA constituye “un acto de compromiso ciudadano para, no solo advertir y sancionar los excesos actuales, sino para enviar una señal a las autoridades que iniciarán a partir del 16 de agosto sobre el impostergable proceso de adecentamiento de la vida nacional”.
