El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Henry Molina, abogó este lunes por una lucha integral contra el crimen, centrándose en la rehabilitación de los perpetradores.
En su calidad de secretario general interino de la Cumbre Iberoamericana de Justicia, Molina se expresó en estas palabras al participar en un taller regional sobre humanización de sentencias y políticas correccionales para delitos menores de drogas. Alternativa celebrada los días 24 y 25 de junio en Barcelona, España.
“Hoy nos reunimos con un propósito claro: reconocer la dignidad humana y buscar alternativas acordes a ella. Es hora de abrirnos a una nueva perspectiva que priorice el castigo”, afirmó Henry Molina.
El señor Molina habló en un debate sobre una perspectiva integrada para la humanización de las políticas penales y correccionales en América Latina, y propuso una legislación que responda de manera justa y efectiva al crimen al tiempo que promueve el respeto a los derechos humanos, la reintegración y la reintegración. promoción de un marco estratégico y operativo. Describió esto como populismo punitivo. «El mundo está atormentado por un espectro: el espectro del populismo punitivo y punitivo». Sin embargo, a menudo ponen en peligro principios fundamentales del Estado de derecho, «conduciendo a una espiral de derechos humanos y violencia», subrayó Henry Molina.
El evento es organizado por el Programa de Cooperación en Políticas de Drogas de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (COPOLAD) y la Fundación Internacional Iberoamericana de Administración Pública y Políticas Públicas (FIIAPP).
taller
Este taller tiene como objetivo crear un acuerdo regional para humanizar la delincuencia y la política penitenciaria. Esto se logrará mediante el desarrollo y la adopción de estándares básicos que promuevan un enfoque más humano y justo para abordar los delitos menores relacionados con las drogas.
La operación reunió a actores clave de los sistemas judicial y penal, incluidos el Ministerio de Justicia, fiscales, agencias de defensa pública y autoridades judiciales de España, Argentina, Colombia, Paraguay, Costa Rica, Brasil y República Dominicana. Trabajamos con organizaciones regionales e internacionales con el objetivo de fomentar un diálogo constructivo y colaborativo que permita el desarrollo de políticas criminales más justas y efectivas.
