Por Daniel García Santana
Al parecer, muchos ciudadanos ignoran que el robo de energía eléctrica y la manipulación sin autorización de equipos de distribución de electricidad son delitos tipificados y condenados por la Ley General de Electricidad (125-01) y el Código Penal con multas y cárcel.
Las sanciones penales y condenas civiles establecidas por el hurto de energía varían de acuerdo con la potencia de la energía sustraída y por la forma de hacerlo, y pueden ser hasta de 10 años de prisión y multas de 5,000 salarios mínimos.
La persecución y sometimiento por fraude eléctrico es una responsabilidad primaria de la Procuraduría Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), la cual informó recientemente que el Juzgado de Instrucción de la provincia Santo Domingo impuso medidas de coerción al imputado Luis Rafael Diloné, consistente en el pago de una multa de RD$10,000.00 y presentación periódica, “tras encontrarse indicios suficientes que demuestran su culpabilidad en la acusación de manipular de manera clandestina elementos de la red de distribución de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDE Este)”.
Acciones como esas, realizadas en la mayoría de las ocasiones en coordinación con técnicos de la Superintendencia de Electricidad y de las empresas distribuidoras, deben ser reforzadas, como parte del proceso para reducir las pérdidas de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE), con un plan de divulgación en medios de comunicación para multiplicar el mensaje de concientización y advertencia sobre las consecuencias de robarse la energía eléctrica.
Insisto, no es posible que en grandes residenciales, de familias de clase media en su mayoría, pague la electricidad alrededor del 1%, como conozco casos, que ameritan cortes del servicio, gestiones de contratación, advertencias sustentadas en la Ley de Electricidad y sometimientos penales y civiles, en caso de reconectarse de nuevo sin normalizar su situación.
El combate del fraude eléctrico, la contratación de usuarios y la reducción de la morosidad están entre las acciones imprescindibles para las EDE
disminuir sus pérdidas, que están en 38%, y que el Gobierno se ahorre los US1,500 millones utilizados para subsidiar el sector eléctrico, por el bien común.
