Por Daniel García Santana
El presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, anunció un plan estratégico para reducir las pérdidas de las EDE, que incluye la privatización de la administración de esas empresas, mediante la realización de una licitación.
Aunque tengo algunas dudas sobre ese plan que tiene como meta a cuatro años bajar las pérdidas, que están en la actualidad en 38%, en al menos 19 puntos porcentuales y reducir el subsidio del sector eléctrico de US$1,500 millones anuales a US$500 millones, considero que es necesario encaminar a las EDE por un sendero de luz y se conviertan en verdadero negocio, como sucede con los llamados sistemas aislados de distribución de electricidad, entre ellos el gestionado por el Consorcio Energético Punta Cana-Macao (Cepem), cuyas pérdidas, principalmente técnicas; no comerciales, no sobrepasan el 6%, con una cobrabilidad de un 100%.
Las empresas ganadoras de la licitación para administrar las EDE deben tener metas bien definidas y sanciones económicas contenidas en el contrato, en caso de no lograrlas en los tiempos establecidos, para que no se repitan casos anteriores, cuando fueron gestionadas por consorcios internacionales, sin lograr todos los resultados esperados.
Como opinan organismos internacionales y nacionales, urge recuperar a las EDE, a través de una administración más efectiva, alejada de la política, y enfocada en una mayor gestión comercial y de combate al fraude, amparada en las sanciones contenidas en la Ley de Electricidad 125-01 para los hurtadores de energía eléctrica.
No es posible que en grandes residenciales, de familias de clase media en su mayoría, pague la electricidad alrededor del 1%, como conozco casos, que ameritan cortes del servicio, gestiones de contratación, advertencias sostenidas en la Ley de Electricidad y sometimientos penales y civiles, en caso de reconectarse de nuevo sin ser cliente.
La energía eléctrica solo debe ser subsidiada a personas de muy escasos recursos, con sus medidores y unos 100 kilovatios mensuales, y que paguen por el consumo a partir de esa cantidad, con lo cual podemos utilizar los US$1,500 millones anuales del subsidio del sector en necesidades sociales,
por el bien común.
